La plataforma opositora al proyecto ha señalado que el modelo de transporte propuesto atraería "miles de coches más" a las carreteras, generando un "efecto llamada". Esto, según el informe de impacto ambiental en su página 14, provocaría un aumento de la contaminación y de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Asimismo, han destacado el malestar generado en torno a los centros educativos cercanos a las obras, advirtiendo que los daños colaterales para estos serían "muy graves". El instituto Artaza-Romo, la Ikastola Betiko y las escuelas de Romo y Artaza emitieron un comunicado en junio solicitando la paralización del proyecto. El Departamento de Educación del Gobierno Vasco ha reconocido que el desalojo del edificio principal del instituto Artaza-Romo es "una de las opciones sobre la mesa", ya que las obras harían "imposible estudiar con normalidad" en el centro.

Además, han denunciado la situación del parque Artatza y el arroyo Galindo. En el parque, "se talarán decenas de árboles y una cuarta parte de la zona permanecerá cerrada durante las obras". Por otro lado, el proyecto contempla un viaducto que, según los manifestantes, tendría "efectos negativos" en el ecosistema del arroyo Galindo, poniendo en peligro una especie de pez protegida.

Finalmente, han criticado el coste económico del proyecto, argumentando que un gasto que "supondría más de 500 millones de euros" debería invertirse en otros servicios públicos como el transporte, el sistema de cuidados y la sanidad. Han advertido que la situación inflacionaria actual podría incrementar aún más estos costes. Los manifestantes han asegurado que "seguirán movilizándose" hasta que el proyecto sea detenido.