Los udalekus incorporarán la figura de un delegado de protección infantil tras el caso Bernedo

El Gobierno Vasco aprueba un nuevo decreto para reforzar la seguridad en los campamentos de verano y prevenir delitos contra la libertad sexual.

Imagen genérica que representa la protección infantil y los campamentos de verano.
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Imagen genérica que representa la protección infantil y los campamentos de verano.

El Gobierno Vasco ha aprobado un nuevo decreto que exige a los udalekus disponer de una persona delegada de protección de la infancia, con el fin de evitar situaciones como las denunciadas en el campamento de Bernedo.

Este decreto de actividades de ocio educativo y tiempo libre, que desarrolla la Ley 2/2022 de Juventud, detalla los requisitos que deberán cumplir las actividades de ocio infantiles y juveniles, incluyendo acampadas, campos de voluntariado y colonias de verano.
Las nuevas disposiciones establecen un mayor control sobre este tipo de actividades, buscando que no se repitan casos como el del udaleku de Bernedo, sobre el cual existe una investigación judicial por presuntos delitos contra la libertad sexual.
El decreto, que se espera entre en vigor antes de este verano, establece que las entidades organizadoras de los udalekus deben nombrar a una persona delegada de protección de la infancia y la adolescencia, con la formación adecuada para desempeñar esta labor. Este delegado puede ser el director de las colonias, siempre que posea la capacitación requerida.
Entre las funciones del delegado se incluye explicar los protocolos de prevención y protección frente a la violencia y activarlos cuando sea necesario. También tendrá la responsabilidad de comunicar cualquier situación de violencia o sospecha, según la normativa vigente, así como proteger los datos sensibles de los menores, entre otras tareas.
La declaración responsable que los organizadores deberán presentar ante las instituciones, mucho más exhaustiva que la requerida hasta ahora, deberá incluir un protocolo de actuación frente a la violencia hacia la infancia y la adolescencia, y los certificados negativos de delitos de naturaleza sexual, renovados anualmente, de todo el personal. Este decreto sustituirá al actualmente vigente, que data de 1985 y establecía requisitos mucho menos detallados.