Divorcio de mutuo acuerdo: el pacto que ahorra tiempo, dinero y sufrimiento

En Euskadi se registraron más de 3.400 divorcios el año pasado, donde buscar el consenso ofrece grandes ventajas.

Imagen genérica de dos manos en atuendo formal estrechándose sobre un escritorio con papeles borrosos al fondo.
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Imagen genérica de dos manos en atuendo formal estrechándose sobre un escritorio con papeles borrosos al fondo.

Más de 3.400 divorcios se registraron en Euskadi el año pasado, donde buscar el consenso ofrece grandes ventajas al reducir significativamente el coste emocional y económico en comparación con un proceso contencioso.

El divorcio es un proceso personal complejo donde el asesoramiento adecuado es clave. El año pasado se registraron más de 3.400 divorcios en Euskadi, lo que supone un repunte respecto al año anterior. En estos casos, el primer movimiento es buscar un acuerdo para que el fin de la relación pueda tramitarse de manera consensuada.

"El coste emocional, el coste económico e incluso el tiempo que se va a necesitar para poder hacer los trámites no tienen nada que ver."

un abogado
La vía amistosa y la contenciosa son dos escenarios totalmente diferentes. La primera reduce drásticamente el coste emocional, económico y el tiempo necesario para los trámites. Por ello, lograr un consenso es fundamental.
El documento central del proceso es el convenio regulador, un contrato donde las partes recogen las medidas que regirán su relación. Si no hay hijos menores, el trámite puede realizarse directamente en una notaría. En caso contrario, es obligatorio acudir al juzgado para que un fiscal valide que el acuerdo vela por el interés de los menores.
Cuando no hay hijos, el convenio establece el reparto de los bienes comunes (liquidación del régimen económico matrimonial), quién usará el domicilio familiar y si corresponde una pensión compensatoria a una de las partes. Si hay hijos menores, se añaden decisiones sobre la patria potestad, la custodia (que con carácter general es compartida) y la pensión de alimentos para los gastos de los niños.
Si no hay consenso, la legislación actual no exige dar motivos para divorciarse; basta con que uno de los miembros lo solicite. Si la otra parte se niega a pactar o “pone pegas a las medidas”, no queda más remedio que acudir a un procedimiento contencioso para que sea un juez quien decida. Este camino implica un juicio con presentación de pruebas y testigos, lo que alarga los plazos y eleva la tensión. El resultado final queda fuera del control de las partes, por lo que se aconseja intentar llegar a acuerdos para que las medidas, aunque no sean las ideales, sean las que uno decida.