El Gobierno Vasco ha implementado la instalación de puertas 'antiokupa' y sistemas de alarma en numerosas viviendas sociales desocupadas en Bizkaia. Esta medida busca proteger los inmuebles de intrusiones mientras se encuentran a la espera de ser asignados a nuevos inquilinos, aunque los residentes locales señalan que no siempre logran evitar las ocupaciones.
Según datos del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco, actualmente hay más de 300 puertas antiintrusión instaladas en Euskadi. Aunque no se especifica la cifra exacta para Bizkaia, se sabe por respuestas parlamentarias que, a 31 de diciembre de 2025, más de la mitad de los domicilios sociales vacíos propiedad del Gobierno Vasco, gestionados por la sociedad pública Alokabide, se ubican en este territorio, sumando 112 de un total de 220.
“"Queremos trasladar un mensaje de contexto y de gestión responsable."
El Gobierno Vasco ha explicado que estas puertas se colocan de forma transitoria durante los periodos de cambio de inquilinos. El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana enfatiza que estas acciones son preventivas, orientadas a evitar usos indebidos o ilícitos mientras las viviendas están en proceso de adecuación o pendientes de adjudicación. Alokabide gestiona un total de 17.515 viviendas.
Sin embargo, varios vecinos de los barrios de Otxarkoaga y Atxuri advierten que estas instalaciones no impiden los intentos de ocupación. Algunos muestran comprensión hacia los ocupantes, argumentando que es preferible a vivir en la calle o a esperar años por una vivienda. Otros, en cambio, desaprueban a quienes acceden ilegalmente a los inmuebles, citando destrozos en zonas comunes y problemas de convivencia. Situaciones similares se han reportado en Santurtzi y en varios bloques de Bilbao.
En noviembre pasado, se registraron 54 viviendas públicas de alquiler ocupadas en el País Vasco. Fuentes especializadas indican que, incluso con medidas de seguridad, se han dado casos de intrusiones forzadas. El problema radica en que, una vez dentro, los ocupantes establecen su morada, lo que complica y alarga los procesos de desalojo. En internet, los dispositivos de seguridad se venden entre 500 y 3.000 euros, y aunque pueden ser más costosos que las puertas blindadas, permiten la detección en tiempo real, facilitando un desalojo más rápido.
