El caso de un joven autista de 22 años, que aprobó una oposición y cuya continuidad en el empleo público está ahora en riesgo tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, ha vuelto a poner sobre la mesa un debate que va más allá de los tribunales: cómo se interpretan las discapacidades en el acceso a la función pública y qué ocurre cuando la norma y la realidad no encajan.
El fallo judicial avala su exclusión de una oferta pública de empleo reservada a personas con discapacidad intelectual. Esta decisión revierte una sentencia previa que le permitió incorporarse como auxiliar de servicios en el Ayuntamiento de Vitoria, plaza que consiguió tras superar el proceso selectivo y que actualmente sigue desempeñando. El conflicto nace precisamente de ahí: la convocatoria estaba dirigida a personas con discapacidad intelectual, y el joven, con un 49% de discapacidad psíquica o adaptativa reconocida y diagnóstico de autismo, fue primero excluido, después admitido por resolución judicial y finalmente apartado de nuevo tras el pronunciamiento del TSJPV.
“"Soy una madre muy incómoda porque me dijeron que mi hijo no iba a poder hablar, ni leer, ni hacer nada."
El abogado de la familia, Adolfo Godoy, sitúa el caso en un plano más amplio, destacando las diferencias entre las leyes y los operadores jurídicos. Argumenta la evolución de las categorías diagnósticas y la necesidad de una interpretación actual que considere los grados del autismo. Además, plantea una crítica estructural al sistema de acceso al empleo público, señalando que las administraciones suelen fijar el porcentaje mínimo y la alta tasa de desempleo en personas autistas.
Mientras tanto, la familia del joven mantiene el proceso judicial abierto. Tras la sentencia del TSJPV, prevén acudir al Tribunal Supremo si se admite el recurso por interés casacional, después al Tribunal Constitucional por posible vulneración del principio de igualdad, y en última instancia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si fuera necesario. En paralelo, el joven sigue trabajando, y su entorno ha optado por preservar su estabilidad y reducir al mínimo la exposición al conflicto judicial.
