El mercado de alquiler en Bilbao muestra una creciente oferta de viviendas de tamaño reducido a precios elevados. Un ejemplo es un estudio de 17 metros cuadrados en el Casco Viejo, anunciado por 700 euros para estancias temporales. Según la descripción, la cocina y el baño están separados de la habitación principal, con acceso independiente desde el rellano. Estos espacios están diseñados para ofrecer independencia y practicidad, ideales para estancias cortas por trabajo o estudios.
Existen otras ofertas similares en la ciudad. También en el Casco Viejo, un estudio de 25 metros cuadrados está disponible por 750 euros para estancias cortas. En San Francisco, otro alquiler de 25 metros cuadrados se ofrece por 800 euros más 200 de gastos si se arrienda individualmente, y por 850 euros si el alquiler es en pareja. Además, se solicitan ingresos de 2.400 euros y un pago de 200 euros en concepto de “bienvenida y coordinación de la entrada”.
El alquiler de habitaciones también alcanza precios elevados. En el Campo Volantín, una habitación está disponible de septiembre a abril por 800 euros al mes. Otra en la calle Doctor Areiza se alquila por 750 euros, dirigida a “estudiantes o trabajadores de máximo 50 años”. En la calle Autonomía, el precio por el arrendamiento de un dormitorio es aún mayor, con un propietario que pide 1.000 euros al mes por una habitación con cama de matrimonio, televisión, armario y mesa de trabajo.
La necesidad de vivienda en Bilbao es acuciante, con 32.097 personas esperando una VPO. Las estadísticas de Idealista revelan que el porcentaje de pisos que se alquilan en menos de un día no deja de crecer en la capital vizcaína. En el cuarto trimestre del año pasado, el 23% de las viviendas se alquilaron en apenas 24 horas, frente al 7% del segundo trimestre. Este crecimiento se debe al desequilibrio entre una demanda disparada y una oferta escasa. De los 447 pisos disponibles la semana pasada en Bilbao, solo 124 eran para largas estancias, con el más barato a 819 euros.
El parque de alquiler se ha reducido por primera vez en Euskadi desde que existen registros en 2018. Según datos del Gobierno Vasco, correspondientes al tercer trimestre de 2025, había 85.068 contratos de alquiler en vigor, 668 menos que el trimestre anterior. Esta caída se produce tras la implementación de políticas para proteger a los inquilinos frente a la escalada de precios, medidas recogidas en la Ley de Vivienda aprobada en mayo de 2023, que incluyen la declaración de zonas tensionadas y la limitación de precios.
El territorio donde más han disminuido los contratos vigentes es Gipuzkoa, el primero en aplicar las zonas tensionadas. En San Sebastián, la ciudad más cara de Euskadi, los contratos activos pasaron de 9.766 a 9.539 en tres meses. En Bizkaia también se observa una caída, aunque menos pronunciada. Bilbao, declarada zona tensionada en octubre pasado, cuenta ahora con 15.919 inmuebles en régimen de corta duración, cincuenta menos que en junio.
Profesionales del sector atribuyen la caída del parque de alquiler a las políticas de regulación del mercado libre aprobadas hace tres años. El propio Gobierno Vasco ha admitido que estas medidas, destinadas a proteger a los arrendatarios, han generado indirectamente una mayor reticencia por parte de muchos propietarios a incorporar sus viviendas al mercado de alquiler, reduciendo la oferta. Por ello, la nueva apuesta del departamento es un seguro público que aporte seguridad a los propietarios, cubriendo impagos o suministros en zonas tensionadas desde el momento en que se admita a trámite judicial la demanda de desahucio.
El primer municipio declarado zona tensionada en Euskadi fue Rentería en enero de 2025, seguido por Barakaldo, San Sebastián y Bilbao. Un presidente de los API en Bizkaia, sostiene que desde 2022, con el anteproyecto de la Ley de Vivienda, los propietarios ya se pusieron en guardia, y las agencias comenzaron a percibir una caída de hasta el 40% en su cartera de inmuebles de corta duración.
“"La administración debe dar un paso al frente. Si los propietarios no tienen seguridad para alquilar, lo que tiene que hacer el Gobierno es equilibrar la balanza entre inquilinos y dueños y garantizar que si un arrendatario no puede pagar la renta va a ser la administración quien se encargue de él, no el titular."
El sector coincide en que la limitación de precios no es la mayor barrera, sino el “miedo” a no saber cuándo se recuperará el piso ante un impago. Muchos pequeños propietarios alquilan para complementar su pensión o hipoteca, y un impago les causa un gran perjuicio. Por ello, el sector pide cambiar la ley y anular la “vulnerabilidad”, garantizando a los propietarios que recuperarán su piso en un máximo de dos meses para animarles a alquilar.
