La segunda y última sesión del juicio por el caso de Berango ha comenzado con la declaración de un testigo propuesto por la defensa, seguido por el turno de los acusados. Aunque la mayoría ha optado por no declarar, algunos han negado las acusaciones. Según lo recogido por los medios, Hegoi Uriarte afirmó que el acto del 13 de marzo de 2022 no tuvo relación con el enaltecimiento del terrorismo. Por su parte, Sendoa Aratz Jurado negó haber hablado en la bienvenida, pero recordó que los presentes ejercieron sus derechos civiles y políticos.
La fiscalía se ha basado en el artículo 578.1 del Código Penal, solicitando dos años de prisión para los 16 acusados. Además, ha argumentado la posibilidad de "reincidencia" en algunos casos, mencionando la opción de pedir penas mayores, aunque sin ofrecer detalles. Dignidad y Justicia, Vox y la Fundación Villacisneros también han actuado como acusaciones en el proceso.
Uno de los principales puntos de debate en el juicio ha sido el rol de un supuesto "colaborador" mencionado en informes de la Guardia Civil. Según las acusaciones, este informante secreto grabó los discursos del acto. La defensa, sin embargo, ha puesto en duda la existencia de estas grabaciones y, en caso de existir, ha solicitado que se aclare cómo se obtuvieron legalmente. La fiscalía ha explicado que las grabaciones o soportes se han guardado para proteger la fuente de información.
La defensa ha solicitado la absolución de los acusados, enmarcando el acto dentro de la libertad de expresión, el derecho a la opinión y la participación política. Ahora, el tribunal deberá decidir si acepta la tesis de las acusaciones o si, como argumenta la defensa, la actuación de los encausados se enmarca en el ejercicio de derechos civiles y políticos.
