La medida, ratificada por el Consejo de Gobierno el 28 de julio, busca garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información rigurosa y contrastada. El objetivo es fortalecer la función social del periodismo ante los retos del ecosistema digital actual.
La dotación se divide en dos líneas de actuación. La primera, con 6 millones de euros, se dirige a medios generalistas de ámbito autonómico. La segunda, con 1 millón de euros, se reserva para medios locales y comarcales, destacando su papel esencial en la cohesión territorial y el pluralismo informativo.
Estas ayudas financiarán proyectos centrados en el ejercicio responsable del periodismo y en la formación de colectivos vulnerables frente a los riesgos digitales. La orden se publicará en el BOPV el próximo 7 de agosto.
