A pesar de haber logrado una sentencia condenatoria contra la aseguradora, que implica una indemnización de algo menos de 219.000 euros, la familia ha emitido un comunicado expresando una «firme discrepancia» con un proceso que consideran insuficiente y alejado de la realidad de lo sucedido en mayo de 2020.
“"Por un lado la hemos recibido bien, porque se demuestra la culpabilidad, pero seguimos enfadados porque no se ha investigado todo lo necesario para saber la verdad."
El núcleo de la queja familiar reside en la actuación policial. Según relatan, el atestado original calificó el atropello como una «fatal desgracia» sin realizar una investigación técnica exhaustiva. Los padres destacan la existencia de informes periciales contradictorios sobre elementos tan básicos como la velocidad del vehículo o la dinámica del impacto. Además, mantienen sus críticas a la actuación de la Ertzaintza durante la investigación y cuestionan la imparcialidad del agente instructor.
Pese a que la propia sentencia reconoce la existencia de versiones contradictorias y un contexto de incertidumbre, los padres han anunciado que no recurrirán. Esta decisión no se basa en la conformidad, sino en la «necesidad humana» de poner fin a un proceso que definen como «emocionalmente devastador».
Tras un lustro de «periplo judicial», la familia Beraza Uriarte considera que ha llegado el momento de intentar reconstruir sus vidas y dedicar sus energías a iniciar el duelo por su hijo, algo que consideran incompatible con la prolongación de los plazos judiciales. La nota remitida a DEIA concluye con un llamamiento a las instituciones para que las investigaciones en accidentes con fallecidos —especialmente cuando se trata de menores— se desarrollen con el máximo rigor y transparencia, evitando que otras familias atraviesen el mismo sentimiento de injusticia.
“"Iurgi no fue una cifra ni un expediente. Fue un niño, un hijo, y su memoria merece verdad, respeto y justicia."
