El procedimiento judicial contra cuatro vecinos de Sopela, acusados de participar en una protesta contra un salón de juegos, ha quedado sin efecto. Los implicados se enfrentaban a penas de ocho años de prisión cada uno y una multa conjunta de 112.400 euros. Este desenlace se produce tras un acuerdo alcanzado entre los encausados y el propietario del establecimiento, poniendo fin a un litigio que se ha prolongado durante cinco años.
Los hechos se remontan al verano de 2021, en un contexto de intensa movilización vecinal contra la expansión de locales de apuestas en la localidad. En aquel momento, el establecimiento en cuestión había aumentado significativamente su superficie y el número de máquinas recreativas. Las protestas ciudadanas alertaban sobre el incremento de los problemas de ludopatía, especialmente entre los jóvenes y los sectores más vulnerables de la sociedad. Esta situación derivó en una intervención policial con detenciones y el inicio de una causa penal contra cuatro residentes, a quienes se les imputaban actos de protesta y daños en el negocio.
A lo largo de este lustro, el proceso judicial estuvo marcado por constantes altibajos. Fue archivado en dos ocasiones por falta de pruebas, e incluso la Fiscalía llegó a retirarse, aunque la acusación particular mantuvo viva la causa. A pesar de ello, las peticiones de condena, que sumaban un total de 32 años de prisión, se mantuvieron. Esta situación generó una notable «incertidumbre» y «desgaste personal» para los implicados y quienes seguían el caso de cerca, según la plataforma vecinal 4ekin1, creada en solidaridad con los investigados.
Hoy podemos decir que hemos puesto fin a la pesadilla.
Incluso el propio Ayuntamiento de Sopela expresó su preocupación por unas penas que consideraba «absolutamente desproporcionadas». Ante este escenario, la plataforma ha acompañado a los acusados durante todo este tiempo y ha sido la encargada de confirmar el pacto. Este acuerdo implica la retirada de las acusaciones y, en consecuencia, la anulación de las peticiones de prisión y sanción económica. Los portavoces de la plataforma anunciaron en una asamblea reciente: «Hoy podemos decir que hemos puesto fin a la pesadilla».
Tras conocerse la resolución, el colectivo ha querido destacar la importancia de la respuesta social. «Tenemos motivos de sobra para estar felices y celebrar», afirmaron. La movilización ciudadana ha sido «determinante para cambiar el rumbo» del procedimiento, según sus palabras. «El llamamiento a tejer solidaridad ha sido un éxito rotundo», declararon. Durante este periodo, se llevaron a cabo diversas manifestaciones y asambleas informativas. En la última, celebrada el pasado 31 de enero, cientos de personas tomaron las calles de Sopela en un ambiente festivo con música, danzas y un recorrido reivindicativo. Bajo el lema «solo aceptamos la absolución», los vecinos subrayaron que lo que estaba en juego iba más allá del futuro de estas cuatro personas.
No se trata únicamente de este caso concreto, sino de una cuestión más amplia: está en juego que no se vulneren los derechos básicos de nadie.
En una rueda de prensa, señalaron que «no se trata únicamente de este caso concreto, sino de una cuestión más amplia: está en juego que no se vulneren los derechos básicos de nadie». Asimismo, advirtieron del peligro que supondría una condena sin pruebas: «Si consiguen encarcelarlos, usted o yo podríamos ser los siguientes», lamentaron.
A pesar del desenlace, el movimiento insiste en que nunca se debió llegar a esta situación. «Ha sido injusto de principio a fin. Se trató de un montaje policial», denuncian, recordando que la amenaza de elevadas penas de cárcel fue ganando peso hasta convertirse en un riesgo real durante estos años. Una vez resuelto el problema local, el colectivo 4ekin1 ha anunciado que apoyará otras causas en el territorio. Además, parte del dinero recaudado se destinará a agrupaciones que atraviesan situaciones similares. Según señalaron, la respuesta social es «clave para evitar la indefensión y para reforzar una sociedad más justa».
