Las organizaciones sociales de Gipuzkoa han vivido una semana “complicada”, con una intensa carga de trabajo y jornadas “desbordadas” por las cientos de llamadas de personas que buscan tramitar su solicitud y acogerse a la regularización extraordinaria del Gobierno español. Para ello, el certificado de vulnerabilidad se ha convertido en un obstáculo significativo.
“"El teléfono no deja de sonar las 24 horas del día con gente de todas las comunidades, no solo de aquí. Están siendo días complicados."
Este certificado acredita la situación irregular de una persona. Aunque los ayuntamientos de Gipuzkoa son los encargados de emitirlos, no lo están haciendo, lo que traslada toda la carga de trabajo a las ONG. En Cáritas Gipuzkoa, por ejemplo, desde el inicio del proceso de regulación el pasado jueves, han recibido 120 llamadas y han realizado más de 70 consultas diarias de media.
Los responsables de las entidades señalan que la exigencia del certificado ha sido una sorpresa que ha generado mucha inquietud. A pesar de que solo ha transcurrido una semana desde la apertura del proceso, la mayoría de los solicitantes, un 89%, deben presentar este documento antes del 30 de junio. Esto genera una gran presión sobre las organizaciones, que deben sumar la gestión de certificados a su carga de trabajo habitual.
“"No solo es dar el certificado es tener todos los documentos necesarios, cargarlos al sistema, pagar la tasa y seguir con la carga de trabajo habitual de la fundación. No podemos estar durante tres meses solo sellando certificados."
Las organizaciones instan a los ayuntamientos guipuzcoanos a crear oficinas específicas para la gestión de este trámite, siguiendo el ejemplo del Ayuntamiento de Bilbao. También animan a otros agentes a solicitar la autorización para emitir estos certificados. Según conversaciones con el Ayuntamiento de Donostia, se espera que en los próximos días se ponga en marcha un dispositivo de apoyo.
Al certificado de vulnerabilidad se suman otros documentos, como el de antecedentes penales, cuya obtención puede ser compleja según el país de origen. Esto requiere más tiempo, y los responsables de las entidades consideran que el plazo de diez semanas es muy corto para la gran cantidad de personas implicadas.
“"La gente nos llama nerviosa porque quieren asegurarse que lo van a conseguir, pero el plazo de diez semanas que han puesto es muy corto para tantísimas personas."
Para facilitar el proceso, los equipos han dividido el trabajo entre quienes buscan información y quienes ya están inmersos en la tramitación. Los solicitantes buscan la regularización principalmente para acceder a un empleo estable y organizar sus vidas, viendo en este proceso una oportunidad inmejorable.
