El obispo de San Sebastián, Fernando Prado, ha firmado una extensa carta pastoral en la que invita a los fieles de su diócesis a "no dejar que el miedo o el prejuicio marque el rumbo" de sus vidas ni de la "convivencia social" ante la inmigración. Además, advierte de que esa relación debe basarse "en una alianza de reciprocidad".
"Os invito a no endurecer el corazón, a mirar la realidad con verdad, sí, pero también con compasión", destaca Prado en el texto, de dieciséis páginas, titulado 'Nuestros hermanos migrantes'. En él, también asegura a los migrantes que la Iglesia de Gipuzkoa quiere "caminar" con ellos.
"Quiere que encontréis entre nosotros respeto, justicia, cercanía y esperanza. Quiere que os sintáis parte de la comunidad. Quiere aprender también de vuestra fe, de vuestra fortaleza y de vuestra capacidad de lucha", subraya.
El prelado donostiarra señala que la inmigración adquiere una "especial actualidad" ante la finalización, el 30 de junio, del plazo para la regularización administrativa extraordinaria de personas migrantes, y anima a "acoger" los discursos pronunciados por el papa León XIV en su visita a España.
"Cuando hablamos de personas migrantes no hablamos de cifras, expedientes, porcentajes o flujos. Hablamos de rostros, de nombres, de historias, de heridas, de dignidad y de esperanza", destaca Prado.
Añade que la inmigración es "una realidad compleja y delicada", que "no se resuelve con frases fáciles ni con meros buenos sentimientos". "Tampoco puede afrontarse desde el rechazo instintivo, la generalización injusta o el miedo convertido en criterio político y social", asevera.
"El migrante no es solo alguien a quien 'atender'. Es alguien a quien reconocer, escuchar, amar e incorporar a nuestra vida", añade.
Advierte, por otra parte, de que "la verdadera fraternidad no es pasiva, sino que ha de fundamentarse en una alianza de reciprocidad" y que, "sin duda, la integración pide un esfuerzo compartido".
"Del mismo modo que la sociedad de acogida tiene el deber moral de proteger y promover al que llega, quien llega a una nueva tierra, en virtud de su propia dignidad y corresponsabilidad hacia el bien común, ha de asumir el deber de respetar las leyes y la convivencia del pueblo que lo recibe (...) No exigimos para excluir; llamamos a la responsabilidad mutua para edificar juntos una comunidad justa en la que convivir en paz y en la que todos encontremos prosperidad", recalca.
Asegura que "se necesitan políticas responsables, cauces legales claros, procedimientos ágiles, recursos suficientes, vivienda, educación, formación, inserción laboral, atención a menores y jóvenes vulnerables, y, por encima de todo, la imprescindible coordinación entre administraciones".
"Un reflejo claro de una necesidad de mayor coordinación se hace ver cuando contemplamos que la presencia de estos jóvenes en situación de calle o de extrema vulnerabilidad se distribuye de manera muy desigual en nuestro territorio de Gipuzkoa. Por razones comprensibles de supervivencia, tienden a concentrarse en la capital y en las poblaciones más grandes, donde hay más servicios y más posibilidades de 'buscarse la vida' y encontrar ayuda ocasional. Esto genera un desequilibrio real entre distintos municipios y exige respuestas compartidas, proporcionadas y solidarias, sin dejar solas a las comunidades que soportan una mayor presión", remarca.
En su opinión, "abrir caminos de regularización justa para muchas personas que ya están entre nosotros desde hace incluso muchos años, es una medida de responsabilidad ética, social y política".
"No se trata de eludir la ley, sino de evitar que la ley termine cronificando situaciones inhumanas, favoreciendo la explotación o condenando a muchos a la invisibilidad. Una sociedad como la nuestra no debería tolerar que miles de personas vivan en una especie de limbo administrativo incierto, lento y tortuoso, en el que los permisos parecen no llegar nunca, a merced del miedo, del abuso o de la arbitrariedad", incide.
Y agrega que la regularización extraordinaria puesta en marcha ayudará "a que sus derechos sean más reconocidos". "Regular, ordenar, integrar y reconocer derechos y deberes forma parte también del bien común", enfatiza.
