En los últimos años, el precio del alquiler en Arrasate ha experimentado un aumento del 23,9% entre 2017 y 2022, y un 30,7% si se amplía la perspectiva a 13 años. Este incremento se sitúa por encima de la media territorial y se produce en un contexto de un parque de alquiler que sigue siendo reducido (13,9%), lo que evidencia un desequilibrio entre la oferta y la demanda.
“"Los datos derivados del diagnóstico realizado por el Ayuntamiento ponen de manifiesto que la vivienda está lejos de garantizarse como un derecho básico, ya que se ha regulado principalmente según las dinámicas del mercado. Esta declaración pretende poner límites a esos mecanismos y establecer herramientas jurídicas e institucionales para que la vivienda pueda ponerse al servicio de la ciudadanía. No debemos olvidar que la vivienda es un pilar indispensable para desarrollar una vida digna."
El número de viviendas en alquiler ha crecido un 87% en Arrasate en poco más de una década, impulsado principalmente por jóvenes y familias con menor poder adquisitivo. Sin embargo, la oferta no ha crecido lo suficiente para acompañar este cambio de tendencia. Además, existe un parque con limitaciones estructurales: la vivienda protegida representa solo el 8,07%, y hay un alto porcentaje de viviendas sin uso efectivo (9,7%), muchas de las cuales necesitan rehabilitación o un uso temporal.
Ante esta situación, el Ayuntamiento de Arrasate ha definido un Plan de Acción a tres años con una "intervención integral". Esta intervención combina el desarrollo de nueva vivienda protegida –alrededor de 1.000 viviendas en los próximos 15 años–, la movilización del parque existente y el refuerzo de las políticas sociales. Entre las principales actuaciones, destacan el desarrollo de ámbitos como San Andres Berri o Intxausti, la activación de suelos públicos en colaboración con el Gobierno Vasco, el fomento de viviendas de pequeño tamaño adaptadas a las nuevas realidades familiares, y la promoción de apartamentos dotacionales para jóvenes y personas mayores.
El plan también contempla la posibilidad de adquirir el edificio de La Merced para desarrollar apartamentos dotacionales intergeneracionales. Además, se prevén medidas fiscales, ayudas al alquiler y herramientas de intervención como el control de precios o la movilización de viviendas vacías, estableciendo un canon de 10 euros por metro cuadrado. Este canon se incrementará un 10% durante la vigencia de la declaración anual, hasta triplicar su importe inicial, es decir, hasta 30 euros por metro cuadrado.
“"La declaración de zona tensionada nos dota de herramientas que deberán activarse paulatinamente en los próximos meses y años. Este proceso requiere un diálogo directo con los propietarios para incorporar al mercado el mayor número posible de viviendas vacías en Arrasate."
