El Gobierno Vasco aprobará este jueves, día 11, en el pleno del Parlamento Vasco la modificación de la ley que reforzará el control sobre los campamentos de verano y actividades de ocio. La normativa vigente data de 1985, y las nuevas medidas establecerán más herramientas de control y una mayor capacidad sancionadora, con multas de hasta 600.000 euros en los casos más graves. El objetivo es evitar que situaciones como las ocurridas en Bernedo vuelvan a repetirse.
Este verano se han gestionado 84 solicitudes en Bizkaia, el doble que el año anterior. Al igual que ha ocurrido en Araba y Gipuzkoa, se han realizado requerimientos de subsanación en expedientes con documentación incompleta. El procedimiento de este año ha sido más exhaustivo: la entidad responsable de los menores participantes debe presentar previamente una Declaración Responsable, manifestando el cumplimiento de todos los requisitos normativos.
Este trámite deberá cumplimentarse ante la diputación foral correspondiente o ante el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco si la actividad se realiza en más de un Territorio Histórico. Para campamentos al aire libre, se requerirá el informe favorable del Ayuntamiento correspondiente, con la autorización del propietario del terreno.
Además, en las actividades de tiempo libre es obligatorio aportar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual del personal y monitorado. El Gobierno Vasco ha encargado el desarrollo de una "aplicación común" para facilitar los trámites. Los formularios de las diputaciones y del Gobierno Vasco se adaptarán para que las solicitudes de datos sean idénticas.
El Gobierno Vasco asumió el liderazgo para coordinar la reformulación del marco normativo de las actividades de ocio educativo y tiempo libre infantil y juvenil, junto con las diputaciones forales y Eudel. En la elaboración del decreto también han participado Astialdi Sarea y Astialdi Foroa. "Gracias al trabajo continuo se logran acuerdos ágiles con un objetivo claro: dar confianza a las familias, garantizar la seguridad y potenciar el tejido asociativo de Euskadi", señaló Adrián López Saratxaga, director de Juventud y Emancipación.
“"Contaremos con un equipo de inspectoras que velarán por el bienestar de los menores en las próximas colonias. Esto nos permitirá garantizar el cumplimiento de la ley."
La inspección previa se centra en la verificación documental: titulaciones del personal, seguros, autorizaciones, ratios de monitores y protocolos de actuación. Esta fase es "clave para detectar incoherencias o carencias" antes de que comiencen las actividades y para asegurar el cumplimiento de los requisitos mínimos. Este proceso administrativo incluye la presentación de la Declaración Responsable y el compromiso legal de las entidades organizadoras, complementado con controles previos, inspecciones durante la actividad y mecanismos de control posteriores.
“"El objetivo es que las familias sepan que hay un modelo integral detrás, que se queden tranquilas."
“"La evaluación y los procesos de mejora son necesarios siempre, y más cuando hablamos de la protección de menores."
En este proceso de control preventivo se evaluarán criterios como las dimensiones educativas propuestas, titulaciones, certificados de delitos, seguro y protocolo. Se contempla un régimen sancionador que puede ir desde advertencias y requerimientos hasta multas administrativas de hasta 600.000 euros o la imposibilidad de organizar actividades en futuras temporadas en caso de incumplimientos graves.
