Durante la rueda de prensa, han señalado al Ayuntamiento de Bilbao y sus políticas como responsables del agravamiento de la situación de miseria en la ciudad. Han puesto especial énfasis en el desalojo llevado a cabo el pasado octubre en un pabellón municipal de Zorrotzaurre, donde unas 80 personas fueron expulsadas sin garantías ni alternativas de vivienda estables. En este proceso, dos trabajadores de intervención social se negaron a colaborar en el desahucio, lo que resultó en la pérdida de sus empleos. Según explicaron en la comparecencia, tras el desalojo, el edificio fue cedido por el ayuntamiento a la Corporación Mondragon.

En este contexto, los profesionales de la intervención social han denunciado que trabajan en condiciones cada vez más asfixiantes. La carga burocrática excesiva, la falta de recursos y las órdenes contradictorias que reciben de las instituciones son el pan de cada día en el sector. Han asegurado que estas condiciones les obligan a asumir un papel de intermediarios entre las personas más vulnerables y las decisiones políticas que perpetúan su situación de desamparo. Incluso, han manifestado que sufren presiones en los desalojos para desempeñar funciones que van en contra de sus convicciones y que están fuera de los límites de sus responsabilidades.

En la rueda de prensa, han alertado sobre el aumento del número de personas en situación de vulnerabilidad en Bilbao y el colapso de los recursos destinados a ayudarlas. Han criticado que el ayuntamiento no ha reforzado los medios necesarios ante el incremento de la migración, los desahucios y las situaciones de grave desamparo. También han proporcionado un dato preocupante: en 2016, 112 personas vivían en la calle en la capital vizcaína, y en 2024, la cifra superó las 600. Ante esta situación, han afirmado que no cargarán la responsabilidad de la miseria sobre quienes la padecen. Además, han reivindicado su derecho a negarse a realizar funciones que no les corresponden y han rechazado participar en desalojos.