El Ayuntamiento de Artea está a punto de finalizar el largo proceso de aprobación de su PGOU (Plan General de Ordenación Urbana), iniciado en 2021. El documento se enviará al Gobierno vasco y a la Diputación Foral de Bizkaia a mediados de julio, y el alcalde, Gorka Beitia, confía en que esté aprobado para mediados de 2027.

Este nuevo plan contempla la creación de 138 nuevas viviendas y prevé un crecimiento medio de la población del municipio, de los 752 habitantes actuales a unos 1.000 en un periodo de dos décadas.

La empresa Hiritek ha sido la encargada del proyecto, sufragado al 100% por la Diputación Foral de Bizkaia, con un coste de unos 220.000 euros. Durante 2022 se realizaron una presentación y tres reuniones sectoriales con la ciudadanía, tras las cuales comenzó la redacción. El alcalde señaló que los barrios no entran en las normas al estar calificados como zonas rurales, por lo que la construcción se limitará al casco urbano.

Entre febrero y junio del año pasado estuvo abierto el periodo de alegaciones, presentándose un total de 34. La gran mayoría fueron aprobadas, y cuatro de ellas se orientaron al cambio de uso de forestal a rural para explotaciones ganaderas, con el objetivo de impulsar el sector agrario.

En Artea regían normas subsidiarias de 2002 que se paralizaron en 2025, impidiendo la concesión de permisos para obra mayor. El plan anterior contemplaba 240 viviendas, de las cuales solo se realizaron diez, en gran parte debido a la crisis de 2008.

Dentro del plan, la mayoría de las actuaciones consistirán en llenar huecos en el casco urbano. Solo se creará un espacio totalmente nuevo en el sector de Errotabarri, donde se construirán unos 75 pisos. De estos, 20 serán para alquiler social, con el objetivo de facilitar la emancipación de los jóvenes, aunque se intenta elevar esta cifra a 35. Actualmente, el precio medio de la vivienda en Artea ronda los 900 euros por metro cuadrado y el alquiler unos 720 euros al mes.

Otra medida para facilitar que los jóvenes permanezcan en el municipio es la posibilidad de partir los caseríos. Se ha reducido el tamaño mínimo de 240 m² a 160 m², permitiendo crear dos viviendas de 80 m² con accesos independientes.

También se pretende ampliar el polígono industrial, ya que está al 100% de su capacidad y existe demanda de otras empresas. Además, se creará un anillo verde alrededor del centro, calificando el suelo como de uso social, y se actuará en otra parcela donde un empresario tiene intención de construir una residencia.