Ayer por la tarde, el Pleno del Ayuntamiento de Zumaia debatió y votó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en la sesión ordinaria de abril. Este documento, que proyecta el desarrollo urbanístico del municipio para los próximos años, fue el tema central de la sesión, a la que los ediles dedicaron la mayor parte de las dos horas de duración.
El gobierno municipal, compuesto por EH Bildu, logró la aprobación provisional gracias a su mayoría. El proceso se inició en 2020, y anteriormente Zumaia solo contaba con normas subsidiarias de 2004. Durante el proceso, se brindó a la ciudadanía la oportunidad de participar, con 233 personas involucradas en el debate sobre las necesidades del municipio. Con estas aportaciones, se elaboró un informe que recogía criterios y objetivos, aprobado por unanimidad en el pleno de enero de 2022.
La empresa ERDU se encargó de la redacción del plan tras ganar el concurso. Después de recibir las aportaciones del sector, el documento fue llevado al pleno de diciembre de 2024 para su aprobación inicial. En esa ocasión, el PNV votó en contra y el PSE-EE se abstuvo. Tras la aprobación inicial, se abrió un plazo para presentar alegaciones, recibiéndose 47 recursos que han sido posteriormente analizados técnica y jurídicamente.
“"Han dicho que no están de acuerdo con este modelo. Ese modelo se basaba en criterios y objetivos, y ustedes estaban de acuerdo con ellos."
La propuesta se articula en torno a tres ejes principales: vivienda, actividad económica y equipamientos, y espacio público. Estos se organizan sobre líneas transversales como la sostenibilidad, la conservación del medio ambiente, la inclusividad, la igualdad, la protección del patrimonio y el euskera. En cuanto a la vivienda, el plan contempla la construcción de 863 nuevas viviendas, de las cuales el 60% serán protegidas. Además, se prevé destinar 185 viviendas al alquiler social, 150 en Puntanoeta y 35 en Aita Mari, estas últimas gracias a un convenio previsto con el Gobierno Vasco.
Los partidos de la oposición, PNV y PSE-EE, votaron en contra. El PNV argumentó que el modelo propuesto no ofrece soluciones a medio y largo plazo, criticando la duración del plan (ocho años) como demasiado corta y proponiendo extenderla a 12 o 15 años. Ante la crisis de la vivienda, defendieron que un plan a más largo plazo permitiría construir 1.300 nuevas viviendas, en lugar de las 863 previstas. El PSE-EE también votó en contra, considerando la propuesta "conservadora y continuista", y criticó especialmente el rechazo a su alegación para convertir el terreno de Guascor en suelo residencial.
