La controversia en torno al parking construido en la campa de Lantzarte, en Berango, persiste. La asociación vecinal del barrio ha denunciado la aplicación de multas de 602 euros a quienes participaron el pasado 4 de agosto en una manifestación contra las obras realizadas en la zona. El colectivo interpreta esta medida como un intento de «amedrentar» a aquellos que decidieron «mantener la batalla por la vía contencioso-administrativa para esclarecer la legalidad del proyecto urbanístico».
Los hechos se remontan al día principal de las fiestas locales, cuando aproximadamente una veintena de residentes se congregaron en el área para detener temporalmente los trabajos que comenzaban esa jornada festiva. Según testimonios, la reacción se produjo al observar cómo las máquinas «arrancaban varios árboles frutales con más de tres décadas de antigüedad». Portavoces de Lantzarte Bizirik acusan a la actuación de buscar el «desgaste y desmovilización» entre quienes han liderado la defensa de la campa.
“"Es una respuesta punitiva frente a una protesta pacífica basada en el diálogo y la participación."
La Policía Local acudió entonces al lugar e identificó a los presentes. Los afectados aseguran que en ningún momento hubo enfrentamientos ni resistencia ante los agentes. «Nos indicaron que no podíamos permanecer allí y procedieron a identificarnos, pero jamás hubo incidentes», sostienen algunos participantes, quienes también recuerdan que la Ertzaintza se desplazó a la zona sin llegar a desalojar por la fuerza a ninguno de los concentrados.
Sin embargo, en la denuncia tramitada por los cuerpos policiales se detalla que varias personas derribaron parte del vallado perimetral de la obra y desoyeron repetidamente las órdenes de abandonar el recinto. El informe policial también señala que «algunos manifestantes llegaron hasta el área donde trabajaban las excavadoras, provocando la paralización de la actividad prevista».
Por su parte, el Ayuntamiento de Berango rechaza categóricamente las acusaciones de represalia. En un comunicado, aclara que la actuación de la Policía Local se limitó a levantar acta de lo ocurrido, advirtiendo en varias ocasiones que «no se podía acceder a una zona donde operaba maquinaria pesada», apelando a razones de seguridad. Además, trasladaron la correspondiente propuesta «conforme a la Ley de Seguridad Ciudadana, siendo el Gobierno Vasco el organismo competente para tramitar y resolver el expediente».
La alcaldesa de Berango también ha querido desvincular el conflicto de cualquier acción personal o política contra los vecinos movilizados. Asimismo, ha insistido en que los afectados pueden alegar lo que consideren oportuno con todas las garantías ante la administración competente, en este caso el Ejecutivo autonómico.
La regidora asegura que durante los últimos meses ha intentado recuperar «una convivencia tranquila y respetuosa» en el barrio tras un largo periodo de tensión social. Además, afirma haber recibido mensajes de apoyo hacia la ejecución del nuevo aparcamiento, una infraestructura que, según defiende, «responde a necesidades reales del municipio».
