"¿Quién es la vulnerable? ¿La inquilina de un piso como el mío que no quiere marcharse y me adeuda 5.100 euros por seis meses de alquiler o una persona como yo, con dos hijos a su cargo y que tengo que pagar 622 euros de hipoteca y gastarme mis ahorros en un alquiler en el que vivir de 1.400 euros al mes?", se pregunta Victoria Iturrieta, vecina de Berango, que lleva desde octubre de 2024 litigando para recuperar su propiedad.
Esta semana deberá abandonar el piso que se vio obligada a arrendar el año pasado en Getxo, cuando se encontró que no podía regresar a su propiedad. Creía que un año sería "tiempo suficiente", puesto que "tenía las de ganar". "El contrato que le había hecho a la inquilina llegó a su fin en octubre de 2024, tras cinco años", el plazo mínimo que establece la ley para un arrendamiento. "Quiero que se conozca, ¿cómo la gente va a alquilar su piso si luego suceden estas cosas? Tengo la razón y una sentencia a mi favor del Juzgado número 2 de Getxo que reconoce que ha terminado, pero aún así tengo que buscarme la vida e ir donde pueda?", se pregunta en declaraciones a EL CORREO.
La pesadilla comenzó hace año y medio. "Ocho meses" antes de que venciera el contrato, según relata, comunicó a la mujer que vivía en su casa que tenía que marcharse. "Primero mandé un mensaje de texto y después un burofax. Creía que era tiempo más que suficiente para que encontrase otro sitio", apunta. No obtuvo respuesta. "En julio le volví a remitir un segundo burofax", señala. La contestación no fue la esperada: "Me dijo que no tenía alternativa habitacional y que vivía con dos menores".
Con el contrato vencido, en "noviembre", Victoria presentó formalmente la demanda. Lejos de solucionarse el asunto, se volvió más enmarañado. La demanda tardó "cuatro meses" en llegar a la inquilina. A partir de entonces, un nuevo contratiempo, porque dejó además de sufragar el arrendamiento. Y por si fuera poco, solicitó que se le reconociese la vulnerabilidad, aunque "estaba trabajando", comenta la propietaria.
"Comenzó un disparate. Los servicios sociales firmaron un informe en el que se lo aceptaron, aunque decía que tenía 90 años, en vez de cuarenta y tantos, y dos hijos menores, cuando no era del todo como ella decía, nadie lo revisó, y para colmo, le aplicaron una ley dirigida a las personas que están alquiladas en propiedades de bancos. Totalmente incomprensible", relata Victoria.
La jueza que estaba en ese momento al cargo del Juzgado número 2 de Getxo dio por bueno el informe y acreditó la desprotección de la arrendada. "Consiguió su objetivo, ganar tiempo, porque me obligó a mí a recurrir", lamenta. Nueve meses después, con un nuevo titular –en los últimos dos años ha cambiado hasta en cuatro ocasiones la persona que lleva la toga– consiguió que le dieran la razón. En febrero se celebró la vista oral y el juez dictó sentencia a su favor al quedar demostrado que había una "expiración contractual, es decir, que han pasado los cinco años del contrato y que se lo comunique con un burofax dentro del tiempo que marca la ley".
Cuando parecía que veía la luz y se podía dictar la fecha de lanzamiento, la inquilina utilizó otra vía que paralizó el desahucio. Recurrió a la ley de Segunda Oportunidad, una opción administrativa por la que particulares y autónomos pueden cancelar sus deudas, siempre que cumplan unos requisitos, y empezar desde cero. "Para recurrir la sentencia la ley pide estar al corriente de pagos, así que solicitó que le exonerasen de todas las cuantías y poder seguir recurriendo gratis", recuerda Victoria. "Es una auténtica vergüenza que yo tenga que estar pagando y recurriendo cuando una persona está utilizando una estrategia procesal que busca aprovecharse de todo", lamenta. "No entiendo cómo puede permitirse esto y no se hace nada", añade.
El Juzgado de lo Mercantil le ha perdonado la mitad de los alquileres adeudados. "¿Si no tiene dinero y es vulnerable, cómo en un día me ingresa 5.000 euros?", se pregunta. Mientras, siguen corriendo los meses. El último recurso se sitúa ahora en la Audiencia Provincial. Pasarán "dos meses" hasta que se decida si se acepta o no. Podrían sumarse hasta "dos años más" en el caso de que se revise la sentencia de Getxo. Y ahí no queda la cosa. "He tenido que pagar a Hacienda más de mil euros porque considera que he ingresado los alquileres, aunque no sea así, no puedo desgravarme mi casa porque está alquilada y tampoco la que me he visto forzada a alquilar porque es un contrato temporal", lamenta. "Luego se quejan de que no se alquilan los pisos, cómo lo vas a hacer si puedes tardar cuatro años en recuperarlo", lamenta.
La situación de Victoria Iturrieta pone de manifiesto las dificultades que enfrentan los propietarios en España para recuperar sus viviendas ante inquilinos morosos, especialmente cuando estos alegan vulnerabilidad y utilizan recursos legales para alargar los procesos.
