El Ayuntamiento de Tolosa defiende su gestión en el caso de San Francisco 37, insistiendo en que el procedimiento seguido ha estado siempre dentro de la legalidad, avalado por la justicia, y buscando el "bien común". Niegan falta de transparencia hacia los vecinos afectados y desmienten haberse plegado a los intereses del promotor.

Desde el gobierno municipal consideran que en este proceso "ha prevalecido el interés general" al cumplirse tres objetivos: evitar el derribo de la villa Sagrado Corazón, mantener el número de viviendas previsto y minimizar las afecciones a los vecinos. Defienden que el proyecto urbanístico aprobado es "la mejor solución posible" tras la protección de la villa y que actuaron dentro de la legalidad, ya que el Plan General de Ordenación Urbana permite modificaciones de alturas y alineaciones mediante el Estudio de Detalle, algo confirmado por técnicos propios y externos.

Aseguran que la participación de los vecinos afectados ha existido desde el inicio, celebrándose varios encuentros. "Hemos atendido todas sus peticiones de reunión y han tenido la posibilidad de hablar tanto con cargos políticos como técnicos. Les hemos escuchado, hemos recogido sus propuestas –dos alternativas urbanísticas, ambas "inviables" por motivos "técnicos" y "de edificabilidad"– y hemos respondido a sus inquietudes y alegaciones. Otra cosa es que no les hayan gustado nuestras respuestas, algo que es respetable", señalan.

El consistorio desmiente haber alcanzado una "solución pactada" con el promotor. Manifiestan que, tras lograr la protección de la villa Sagrado Corazón, tuvieron que "llegar a un acuerdo" con la empresa para buscar una alternativa al proyecto inicial. Optaron por un proyecto que "encajaba dentro de la normativa urbanística" y no suponía "grandes afecciones" a los residentes, reconociendo que "todo desarrollo urbanístico tiene un impacto".

En cuanto a un posible derribo de lo construido por orden judicial, el Ayuntamiento garantiza que era imposible. "Hicimos la consulta y todos los técnicos nos dijeron que no existía la posibilidad de tener que derribar el edificio". En caso de fallo judicial en contra, se habría tenido que tramitar un Plan Especial, cuya única consecuencia habría sido un retraso en la ejecución de las obras.

El gobierno municipal de EH Bildu concluye que los "argumentos" esgrimidos por los vecinos "ya los emplearon en las alegaciones y fueron rebatidos".