La directora de la Oficina de la Infancia y la Adolescencia del Ararteko, Elena Ayarza, ha destacado la importancia de incorporar la figura del delegado de Protección de la Infancia en la Ley de Juventud. Además, considera indispensable profundizar en la formación de los monitores de tiempo libre y establecer nuevos protocolos para prevenir la repetición de casos como el ocurrido en el udaleku de Bernedo. Estos hechos han motivado una veintena de denuncias por presuntos delitos contra la libertad sexual de menores.

Ayarza ha inaugurado las comparecencias de expertos para realizar aportaciones durante el debate parlamentario para modificar la Ley de Juventud. Esta iniciativa fue impulsada por PNV y PSE con el objetivo de estrechar la vigilancia en torno a los campamentos infantojuveniles. El procedimiento se tramita por la vía de urgencia después de que EH Bildu impidiera la aprobación de los cambios en lectura única, una forma aún más rápida, al considerar que de ese modo se quería «hurtar» el debate. La idea es que las modificaciones estén listas antes del verano, cuando se celebran la mayoría de colonias.

La oficina del Ararteko sostiene que el 'caso Bernedo' permitió «constatar» que Euskadi cuenta con una normativa «obsoleta» para regular las colonias y que la «capacidad» de las instituciones en cuanto a personal para controlar las actividades de los campamentos era «limitada». La figura del delegado de Protección de la Infancia ya se contempla en la Ley de Infancia, pero no en la de Juventud. En cualquier caso, la petición del Defensor del Pueblo de incluirla en la normativa coincide con la postura del Gobierno Vasco. El Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico ha redactado un decreto que, una vez entre en vigor, obligará a todas las asociaciones que organicen udalekus a contar con un profesional con esta titulación. Este delegado será el responsable de vigilar que no se atenta contra los derechos de los niños.

El Ejecutivo autonómico avanza en la aprobación del decreto como alternativa ante la posibilidad de que el debate parlamentario para modificar la Ley de Juventud se dilate hasta después del verano. La norma también elevará del 40 al 80% el número de monitores que tendrán que contar con la titulación mínima y se aumentará el ratio mínimo necesario de estos cuidadores. Además, los educadores necesitarán renovar un certificado de penales cada año para acreditar que no están incursos en ningún caso de abusos sexuales o delitos graves.

Más allá de la figura del delegado de Protección de la Infancia, el Ararteko ve necesario adoptar más medidas para garantizar que las colonias son «espacios seguros y libres de violencia» contra los menores. Una es «actualizar» la normativa que regula los campamentos, lo que está haciendo el Gobierno; otras son «revisar» el contenido de los cursos de formación para monitores y las direcciones de los udalekus; instaurar nuevos protocolos de prevención y actuación ante casos de violencia contra niños; y dotar a las instituciones de recursos humanos suficientes para ejercer un control efectivo sobre la actividad de los campamentos. El Ejecutivo autonómico ya anunció que nombrará varios inspectores para detectar campamentos clandestinos.