La ampliación del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en Erandio, anunciada por el Ayuntamiento para cubrir también tardes, fines de semana y festivos, ha desatado un intenso debate en la localidad. El equipo de gobierno, formado por PNV y PSE, defiende que un nuevo modelo público-privado permitirá responder a una demanda creciente entre las familias, aunque la plantilla municipal y la oposición alertan de que la medida supone «el inicio de una privatización de los cuidados».

El conflicto surge a raíz de la decisión del Consistorio de implantar un sistema mixto de gestión. De esta forma, los trabajadores municipales continuarán prestando atención en horario de mañana, mientras que una empresa externa especializada asumirá las nuevas franjas horarias que se incorporarán. Actualmente, alrededor de 60 vecinos con dependencia o discapacidad utilizan este recurso y otras 17 personas permanecen en lista de espera.

Ante el anuncio, la plantilla actual, respaldada por sindicatos como ELA y LAB, se ha movilizado en las últimas semanas para rechazar el futuro sistema. Decenas de personas participaron el pasado fin de semana en una concentración convocada en defensa de unos cuidados «públicos, dignos y de calidad».

Los empleados reconocen que ampliar la cobertura es imprescindible, especialmente después de años reclamando más recursos y horarios. Sin embargo, consideran que la fórmula elegida supondrá un deterioro de la atención y de las condiciones laborales. «Los cuidados no son un negocio», sentencian desde el colectivo.

Ante esta situación, la alcaldesa, Aitziber Oliban, asegura que la decisión responde a una demanda creciente que el Ayuntamiento «no puede satisfacer con la organización actual», como por ejemplo, una baja por enfermedad en pocas horas, o para garantizar formación continua en geriatría, sustituciones o permisos laborales. Según explica, el objetivo es favorecer que las personas mayores puedan seguir viviendo «en su entorno, manteniendo sus redes de apoyo y de confianza». Desde el área de Acción Social, la concejala Maite Pérez también insiste en que el SAD «seguirá siendo público», ya que la titularidad, la planificación y el control continuarán dependiendo del Consistorio. Mientras, «se puede y debe incluir cláusulas sociales en los contratos existentes que obliguen a respetar convenios dignos y garanticen la estabilidad laboral».

Pero los profesionales denuncian que el SAD sufre desde hace años falta de personal y la consiguiente sobrecarga de trabajo, además de dificultades para cumplir adecuadamente la ley. A su juicio, la estructura se debe reforzar mediante nuevas contrataciones públicas y una Oferta Pública de Empleo (OPE). Su principal temor es que la cobertura de tardes y fines de semana sea sólo «el primer paso» hacia una privatización más grande.

La oposición encabezada por EH Bildu también ha cargado contra la medida. La coalición considera que el Gobierno local «ha dejado deteriorarse el servicio durante años y ahora utiliza esa situación para justificar la entrada de empresas privadas». En su lugar proponen actualizar la bolsa de trabajo, convocar una OPE, utilizar contratos programa y «hacer un plan serio para ampliar el servicio sin perder el control público».

Pese a las críticas, el Ayuntamiento mantiene su hoja de ruta. La previsión es que la ampliación del servicio pueda comenzar en los próximos meses, una vez completados los trámites administrativos y la modificación de la ordenanza municipal. «La propuesta parte de un conocimiento riguroso de la situación local y de un análisis exhaustivo de las demandas de la ciudadanía», explican.