Este indicador solo se aplicará a viviendas que salgan al mercado por primera vez, que no lo hayan hecho en los últimos cinco años o que sean gestionadas por grandes tenedores (propietarios con cinco o más pisos en su poder). El resto de los alquileres quedará exento de este cálculo.

La medida, contemplada en la Ley de Vivienda de 2023, se restringe a los municipios declarados como zonas tensionadas. En el caso de Bizkaia, esto incluye a Bilbao, Barakaldo y un distrito de Galdakao, mientras que en Álava se aplica a Vitoria. El índice establece un rango de precios aplicable a cada vivienda, determinando el valor máximo al que un propietario puede arrendar su inmueble. Su funcionamiento se basa en calles, no en zonas o barrios.

Por ejemplo, un piso en el número 68 de la Gran Vía de Bilbao podría alquilarse entre 1.331 y 1.658 euros. En la calle Somera, en el Casco Viejo, un inmueble con características similares se situaría entre 815 y 1.026 euros, y en la calle Zabalbide, en Santutxu, la renta oscilaría entre 731 y 954 euros. En Barakaldo, una vivienda en el número 1 del Paseo de los Fueros podría alcanzar un máximo de 989 euros, mientras que en Aperribai (Galdakao) el rango varía entre 622 y 754 euros.

Según datos del Ministerio de Vivienda, los alquileres en Bilbao se sitúan entre 700 y 950 euros, siendo 800 euros el precio más común. En Vitoria, los arrendamientos oscilan entre 624 y 813 euros, con 706 euros como coste más habitual. Se ha defendido que la imposibilidad de subir los precios de forma arbitraria proporcionará “mayor estabilidad a los inquilinos” y “humanizará el mercado de la vivienda”.

Además de Bilbao, Barakaldo y el distrito de Galdakao, el Gobierno Vasco está analizando la activación de zonas tensionadas en Sopela, Urduliz, Gorliz, Elorrio, Bermeo y Lekeitio.