El nuevo índice de referencia publicado este martes por el Ministerio de Vivienda cifra en 1.026 euros el precio máximo al que un propietario puede alquilar un piso construido entre 1947 y 1980, de 90 metros cuadrados, en buen estado y con ascensor en la calle Somera, en pleno Casco Viejo de Bilbao. Para una vivienda de las mismas características en Deusto, establece una renta máxima de 1.223 euros; de 845 en San Francisco; de 1.015 en Rekalde; de 1.078 en Amezola y de 1.658 en Indautxu. Si tomamos como referencia el barrio de Basurto, el coste máximo alcanza los 1.034 euros y en Zorrozaurre los 1.112.

Estos ejemplos confirman que el precio medio de los alquileres en Bilbao se aproxima a los mil euros al mes en el conjunto de la ciudad. De hecho, el principal portal inmobiliario del país apenas oferta inmuebles por debajo de ese umbral en la capital vizcaína. Según los datos disponibles ayer en la plataforma, de 490 alquileres, solo 140 eran para larga estancia. El resto estaban destinados a alquiler de temporada, una modalidad a la que no se aplican las limitaciones de precio contempladas en la Ley de Vivienda de 2023. Aunque tradicionalmente estos pisos se dirigían a estudiantes o trabajadores temporales, cada vez más propietarios optan por esta modalidad para eludir la normativa.

El indicador, que entró en vigor ayer tras un año de retraso, agota todos los mecanismos que contempla la ley nacional para controlar el precio del mercado del alquiler libre en las ciudades declaradas zona tensionada. Todo ello con el objetivo de frenar la escalada de precios que dificulta el acceso a una vivienda a jóvenes y sectores vulnerables, así como a las clases medias. En el caso de Bizkaia, las medidas afectan por el momento a Bilbao, Barakaldo y a un distrito de Galdakao, aunque el Gobierno Vasco ya analiza la incorporación de nuevas localidades a la lista.

En estos municipios, los propietarios no podrán sacar sus pisos al precio que deseen, sino que deberán atender a distintos indicadores. Por un lado, está el índice de precios del Ministerio, que marca el rango máximo al que un piso puede salir al mercado. Solo se aplica en viviendas que nunca se hayan alquilado, que no lo hayan hecho en los últimos cinco años o que sean gestionadas por grandes tenedores. Su impacto en el mercado es, por tanto, menor. El Gobierno Vasco calcula que este índice solo afecta al 10% de los contratos que se firman en Euskadi. Aun así, defiende que, a pesar de su limitado efecto, es el indicador que permite “tirar hacia abajo los precios del alquiler”, ya que al no permitir subidas, “neutraliza” el coste de los inmuebles y “humaniza” el mercado.

El resto de los propietarios –el 90%– deberá atender al índice que mensualmente actualiza el INE a la hora de renovar sus contratos. Actualmente está fijado en un 2,47%. Ese es el porcentaje al que, como máximo, podrán subir la renta. A pesar de la diferencia entre uno y otro, el sector afirma que “cada vez que se limita el precio de los pisos, cae la oferta”. Un ejemplo de ello es el reducido número de pisos disponibles para una demanda que supera las 30.000 personas en Bilbao.