El Gobierno Vasco ha condenado rotundamente los graves actos de violencia registrados ayer en Bilbao, que incluyeron daños y saqueos en comercios, quema de vehículos y mobiliario urbano, agresiones a personas y ataques contra agentes de la Ertzaintza y la Policía Municipal. La portavoz Maria Ubarretxena leyó una declaración institucional en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que también trasladó la solidaridad del Ejecutivo a las vecinas, vecinos, comerciantes y profesionales afectados, subrayando que ninguna causa justifica la violencia.
El Ejecutivo vasco respalda la labor de la Ertzaintza y defiende que los hechos deben investigarse hasta el final para que sus responsables respondan ante la justicia. Asimismo, advierte de la gravedad de la implicación de personas jóvenes en dinámicas de odio e intimidación y hace un llamamiento a la sociedad vasca para rechazar la violencia y proteger la convivencia democrática.
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado el Proyecto de Presupuestos Generales de Euskadi para 2027, que ascienden a 17.629 millones de euros (+7,6% respecto a 2026). El objetivo principal es reforzar los servicios públicos, responder a las preocupaciones ciudadanas y preparar a Euskadi para los desafíos económicos, sociales y demográficos. Salud y Educación concentran el 56% de los recursos.
La inversión pública se incrementa un 7,9% hasta los 1.865 millones de euros, y la inversión en I+D+i alcanza los 772 millones. La iniciativa Eguzki Hotz destinará 120 millones de euros a la climatización sostenible, y se destinarán 1,8 millones de euros a la formación de personal investigador y tecnólogo en el sector agroalimentario y pesquero.
El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d’Anjou, destacó que el Proyecto de Presupuestos 2027 "refleja una apuesta por una Euskadi más cohesionada, innovadora, segura y preparada para afrontar los retos de la próxima década".
Finalmente, el Consejo de Gobierno ha aprobado una subvención directa de 62.865 euros a Cruz Roja Española para reforzar la atención y el acompañamiento social a las personas afectadas por la situación de las viviendas del barrio de Agarre, en Lemoa.
