Un agente de la Guardia Civil ha solicitado a la Administración una indemnización que supera los 137.000 euros. Esta reclamación surge después de que el agente estuviera inmerso durante casi ocho años en un proceso penal que, aunque finalmente fue archivado, le provocó, según su denuncia, un «destierro» profesional a Gipuzkoa y posteriormente a Navarra, la paralización de su carrera y graves perjuicios personales.
La situación se originó en 2014, cuando el gerente de una empresa presentó una denuncia en Andalucía ante la Guardia Civil por un presunto delito de cohecho. La versión inicial indicaba que un agente se habría ofrecido a mediar con otro Guardia Civil, quien había impuesto una sanción a la empresa, para anular la multa a cambio de 1.000 euros. Sin embargo, la investigación posterior desestimó esta versión al no poderse concluir «con un mínimo de certidumbre» la existencia de tal acuerdo, quedando los hechos en meras hipótesis.
A pesar de la escasa complejidad del caso, la instrucción se prolongó hasta 2022. Esta dilación excesiva motivó la reclamación de indemnización por parte de uno de los agentes implicados. El propio auto de sobreseimiento reconoció que la causa «pudo decretarse a los pocos meses» y que se extendió debido a «groseros errores del juzgado» y «desatención». En total, el procedimiento acumuló hasta ocho periodos de dilaciones indebidas que sumaron 2.451 días, más de seis años y medio, dentro de una causa que se extendió durante casi ocho años.
En su reclamación judicial ante la Audiencia Nacional, el agente expuso que las consecuencias no fueron solo judiciales, sino que también afectaron su trayectoria profesional y su ámbito personal. Como efecto directo de la causa penal, se le abrió un expediente disciplinario que resultó en su suspensión de funciones y cese en su destino en septiembre de 2014, cuando se le obligó a entregar su equipo «con total vergüenza y deshonor».
A partir de ese momento, comenzó lo que él describe como un «destierro». Fue destinado a un puesto en Gipuzkoa, lejos de su entorno familiar, y posteriormente a Navarra, donde pasó años separado de sus hijos. Además de los gastos económicos para mantener el contacto familiar y cumplir con sus obligaciones judiciales, el agente denunció que la apertura del procedimiento penal tuvo un fuerte impacto en su carrera profesional. «Se vio privado de la posibilidad de promocionar y tampoco pudo recibir las condecoraciones a las que fue propuesto», según su reclamación. Este perjuicio, sostiene, es «irreparable», ya que al momento del archivo de la causa estaba cerca de superar el límite de edad para ascender, cerrándole definitivamente esa vía.
Por todo ello, el agente solicitó una indemnización total de 128.342,16 euros, que con intereses supera los 137.000 euros, como suma de las dilaciones indebidas, la pérdida de oportunidades de ascenso, los gastos de manutención y desplazamientos durante su prolongado traslado, los daños morales y la pérdida de condecoraciones.
Sin embargo, en una reciente sentencia, la Audiencia Nacional ha desestimado la reclamación patrimonial del agente. El tribunal concluyó que, a pesar de la prolongada duración del procedimiento penal, no concurren los requisitos necesarios para declarar la responsabilidad de la Administración de Justicia. La resolución judicial considera que no se ha acreditado de forma suficiente que las dilaciones respondan exclusivamente a un funcionamiento anormal del órgano judicial, ni que exista una relación directa y evaluable entre esos retrasos y la totalidad de los perjuicios económicos reclamados. El fallo subraya que algunas de las consecuencias alegadas, como la apertura del expediente disciplinario, la suspensión de funciones o los cambios de destino, derivan automáticamente de la existencia de un proceso penal en curso dentro de la Guardia Civil y no pueden imputarse directamente a un mal funcionamiento judicial. En este sentido, la Sala entiende que no procede indemnizar daños como la pérdida de oportunidades profesionales o el impacto en la carrera, al no existir un nexo causal suficientemente probado, si bien reconoce el derecho del recurrente a cobrar 19.000 euros en concepto de indemnizaciones por las dilaciones del procedimiento al estimar parcialmente el recurso interpuesto por el agente.
