La gestión de la actividad de Uber en Gipuzkoa se encuentra en un punto muerto después de que la Diputación de Bizkaia respondiera al requerimiento del Ayuntamiento de Donostia para sancionar a los vehículos VTC. La Diputación de Bizkaia trasladó al gobierno foral guipuzcoano que son ellos quienes tienen la capacidad sancionadora.
Al respecto, la diputada general Eider Mendoza ha admitido que la llegada de la multinacional "ha puesto encima de la mesa muchísimas dudas jurídicas". Por ello, "vamos a hacer un trabajo interno e interinstitucional para no generar discrepancias y aclarar cuál es la situación".
“"Como institución señalamos que el servicio público que se ofrecía hasta hace dos meses era insuficiente. Una vez dicho eso, la entrada de un nuevo operador VTC ha puesto encima de la mesa muchísimas dudas jurídicas e incluso las diferentes instituciones hacemos incluso lecturas diferentes sobre la aplicación, sobre quién abre expedientes, quién sanciona…"
Dado que la Diputación de Bizkaia, emisora de las licencias que operan en Gipuzkoa, rechaza sancionar siguiendo el "principio de territorialidad", Mendoza ha indicado que "vamos a hacer un trabajo interno entre todas las instituciones para aclarar cuál es la situación, y una vez que lo tengamos aclarado lo comunicaremos, pero hasta entonces no vamos a hacer declaraciones". Este proceso de "aclarar la situación" no tiene plazos, "pero queremos hacerlo lo antes posible".
La situación actual es que, cumpliéndose este sábado dos meses de la llegada de Uber, tanto el Ayuntamiento de Donostia como la Diputación de Gipuzkoa expresan que la compañía "solo puede hacer viajes interurbanos" a pesar de que la gran mayoría de los viajes que completan son urbanos, con inicio y final en el mismo municipio. Sin embargo, ante la "gran complejidad jurídica", no han abordado cómo pueden proceder para detener esa actividad que a sus ojos no está contemplada en la ley.
