La procesada, que se enfrenta a una posible pena de hasta tres años de prisión y una multa de 300.000 euros por un delito de blanqueo de capitales, se ha desmarcado completamente de la operación irregular. Según su defensa, desconocía la existencia de una cuenta bancaria a su nombre implicada en la estafa.
El presidente de la empresa afectada, quien declaró en calidad de víctima y testigo, relató que la factura recibida por correo electrónico corporativo era «similar» a otras de operaciones de «compra y venta de maquinaria». Por ello, ningún trabajador sospechó de un posible fraude. «Pagamos más de 172.000 euros por una máquina. Cuando nos la enviaron, la empresa nos comunicó que no habían recibido ningún pago. Así que tuvimos que pagarla de nuevo».
La factura no nos daba sospechas, era una cuenta nacional y el IBAN era correcto. Cuando vimos que la titular de esta cuenta era una persona insolvente, nos planteamos si seguir en el juicio porque sabíamos que no íbamos a recuperar el dinero y nos iba a costar más el proceso judicial.
Un agente de la Ertzaintza también intervino para constatar que la investigación policial determinó que los correos de las dos empresas implicadas «posiblemente fueron hackeados». A solicitud de la defensa, la acusada declaró en último lugar, reiterando su desconocimiento sobre la cuenta bancaria implicada.
Según el relato de la Fiscalía, la procesada presuntamente realizó «hasta 27 transferencias» una vez cobrado el dinero en la cuenta, «por importes diferentes con un máximo de 15.000 euros con la finalidad de no activar las alertas de transferencias fraudulentas de la autoridad bancaria». La mujer, sin embargo, niega estas acusaciones. «Yo no sabía nada hasta que me llegó la carta del juzgado».
Además, indicó que una persona con la que convivía junto a su hija durante esa época podría ser la causante de que ella figurara como titular de la cuenta bancaria. «Teníamos mucha confianza, tenía acceso a mis pertenencias. Podía coger mis documentos de identificación, números bancarias... pudo ser ella porque teníamos problemas bastante a menudo». También aclaró que no recibió ningún emolumento. «Incluso tuve que pedir una ayuda de alquiler social por mi situación económica». A preguntas de la abogada de la defensa, negó tener cualquier tipo de conocimiento informático.
El Ministerio Público mantiene su petición de pena de tres años de prisión y 300.000 euros, así como una indemnización de 172.169 euros a la empresa afectada por un delito de blanqueo de capitales en su modalidad de ocultar el destino definitivo de bienes sustraídos. La defensa, por su parte, ha exigido una sentencia absolutoria para su representada.
