Este trámite clave para el acceso a derechos está siendo asumido casi en su totalidad por organizaciones sociales, sin el apoyo suficiente por parte de las administraciones públicas. La fundación, que trabaja en la erradicación de las violencias y desigualdades que afectan a mujeres y niñas en todo el mundo, ha denunciado esta situación a través de un comunicado.

Según la entidad, desde que se abrió el plazo para que los migrantes normalicen su situación, son las organizaciones inscritas en el Registro de Entidades Colaboradoras las que realizan estas gestiones de forma gratuita, sin coste para las personas solicitantes. Este esfuerzo refleja el compromiso del tejido social, pero, según la fundación, evidencia la “falta de corresponsabilidad institucional” que está generando una sobrecarga difícilmente sostenible.

En su nota, Haurralde Fundazioa se dirige en particular a las diputaciones de Gipuzkoa y Araba, así como a los ayuntamientos del territorio. Explican que su falta de implicación contrasta con la iniciativa del Ayuntamiento de Bilbao, que sí ha anunciado la puesta en marcha de una oficina específica para gestionar estos certificados, demostrando que existen alternativas cuando hay voluntad política.

La fundación recuerda que este proceso impulsado desde el Gobierno español está “directamente vinculado a derechos fundamentales”, por lo que considera “inaceptable” que dependa de la capacidad limitada de unas pocas entidades. Reconocen que la falta de información sobre cómo se abordará esta cuestión en Gipuzkoa “genera inquietud”.

Por ello, reclama que tanto ayuntamientos como diputaciones “activen de manera inmediata recursos específicos, incluyendo oficinas, personal cualificado y procedimientos claros, homogéneos y accesibles”. La organización exige una respuesta “pública, clara y urgente” ante una situación que considera insostenible. Además, la entidad hace un llamamiento a otras grandes organizaciones que trabajan con población migrante para que se impliquen y se registren como colaboradoras, evitando que la carga recaiga de forma desproporcionada sobre unas pocas. Igualmente, advierte sobre prácticas poco éticas por parte de algunos despachos profesionales, que estarían cobrando por adelantado por trámites que luego no pueden completarse, aumentando la vulnerabilidad de las personas afectadas.