La Diputación Foral de Gipuzkoa no continuará la batalla judicial y ha renunciado a recurrir la sentencia desfavorable que se conoció en febrero contra su modelo de deporte escolar. Aunque el propio Gobierno foral ya había virado introduciendo flexibilizaciones de cara al actual curso escolar, la resolución publicada hoy confirma definitivamente la anulación de los límites geográficos fijados en 2024 dentro del marco de la Eskola Kirola, tras el recurso contencioso-administrativo presentado por Antiguoko Kirol Elkartea. A la Diputación le quedaba la opción de recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, pero no lo ha hecho y la sentencia ya es firme.

El fallo del TSJPV en febrero supuso un nuevo revés judicial para la Diputación y el modelo guipuzcoano de Eskola Kirola, que ya había sido retocado y suavizado de cara al actual curso escolar, introduciendo precisamente una mayor flexibilidad geográfica. Esta sentencia y la decisión de no recurrirla explican el porqué del viraje.

Quedan sin efecto, por tanto, los apartados 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 4 de la Orden Foral 40-133/2021, modificada en 2024, que obligaban a los escolares benjamines y alevines a participar en clubes de su municipio de residencia o escolarización, o en su defecto, del entorno más cercano.

Las familias recuperan la posibilidad de inscribir a menores en clubes fuera de su municipio sin necesidad de acogerse a excepciones específicas o autorizaciones extraordinarias, como sucedía en el curso 2023-2024.

El modelo de deporte escolar en Gipuzkoa se empezó a deconstruir en enero de 2025, cuando el TSJPV tumbó la obligatoriedad de participar en el programa multideporte de la Eskola Kirola como requisito previo para inscribirse en un club deportivo de deportes mayoritarios como el fútbol, el baloncesto, el balonmano o el rugby.

En esta ocasión, el tribunal dio otro paso más, al considerar que la institución foral no justificó adecuadamente que las limitaciones territoriales protegieran realmente el “interés superior del menor”, pese a que ese fue precisamente el principal argumento utilizado para el cambio.

La normativa anulada había sido aprobada en mayo de 2024 con el objetivo declarado de frenar la captación temprana de menores por parte de clubes alejados de su “entorno natural”, especialmente en el fútbol.

El sistema obligaba a los escolares de categorías benjamín y alevín a jugar prioritariamente en entidades de su municipio o del entorno más próximo. La Diputación defendía que el modelo buscaba evitar desplazamientos, proteger los fines educativos del deporte escolar y reducir dinámicas de especialización temprana.

Sin embargo, la sentencia cuestionó esa argumentación y consideró que no se acreditó de forma suficiente que jugar fuera del municipio genere perjuicios reales para los menores.

De hecho, la resolución llegó a afirmar que la administración decidió aplicar “lo que considera que es mejor para la mayoría de los niños”, sacrificando así los intereses particulares de otros menores y de sus familias. Y cuestionó que la Administración pueda sustituir de manera general la capacidad de decisión familiar en un ámbito como la práctica deportiva.