El 13% de las familias vascas se encuentra en esta situación, y muchas de ellas están integradas, con empleo y un sueldo digno. Sin embargo, se estima que una de cada seis personas, el 17%, está en riesgo de exclusión social, en gran medida lastrada por el elevado coste de la vivienda. El informe de la Fundación FOESSA, presentado por Cáritas Euskadi en el Parlamento Vasco, concluye que la vivienda es el principal factor de desequilibrio y afecta especialmente a los migrantes.

José Emilio Lafuente, secretario general de Cáritas Gipuzkoa, subrayó que este fenómeno ya no afecta únicamente a los colectivos más vulnerables, sino que se extiende a capas sociales tradicionalmente integradas. El estudio, basado en 600 entrevistas en profundidad a hogares vascos, confirma que Euskadi mantiene mejores indicadores que la media estatal en integración social, pero esta mejora convive con una creciente fragilidad.

En este contexto, el empleo ha dejado de ser suficiente. A pesar de la recuperación económica, los salarios apenas han ganado un 0,6% de poder adquisitivo desde 2018. Esta pérdida de capacidad real explica que el 11% de los hogares sufra situaciones de exclusión laboral, ya sea por desempleo o por parcialidad involuntaria. Lafuente advirtió que la recuperación del empleo no se traduce en una reducción suficiente de la exclusión social.

Pero es la vivienda la que actúa como cuello de botella. Los precios, tanto de compra como de alquiler, han crecido muy por encima de las rentas familiares. En el caso del arrendamiento, la presión es especialmente intensa: los precios se han duplicado en los últimos años y el riesgo de pobreza se dispara hasta el 30% entre quienes viven de alquiler, frente al 5% de los propietarios. Esta tensión tiene efectos directos en la vida cotidiana, con cada vez más hogares con problemas para mantener una temperatura adecuada o afrontar gastos imprevistos.

El informe alerta además de un empeoramiento de las condiciones residenciales. Unas 42.000 personas viven en viviendas inseguras y el 10% lo hace en condiciones inadecuadas, una cifra que ha aumentado en los últimos años. El mercado del alquiler, además, concentra a los colectivos más vulnerables: más de la mitad de las personas en riesgo de pobreza reside en viviendas arrendadas. Entre los grupos más expuestos figuran las personas migrantes, los jóvenes, las familias numerosas y los hogares encabezados por mujeres.

Cáritas Euskadi reclamó un cambio de enfoque en las políticas públicas, defendiendo que el problema de la vivienda no se puede resolver solo desde el Departamento de Vivienda. La entidad apuesta por medidas valientes que aborden de forma conjunta vivienda, empleo, fiscalidad, protección social y migración. A pesar del diagnóstico crítico, Cáritas reconoció el esfuerzo histórico de las instituciones vascas, puesto en valor por el parlamentario del PNV Jonatan Moreno, quien recordó que desde 1981 se han impulsado más de 120.000 viviendas protegidas.

Cáritas Euskadi, que en 2024 atendió a más de 31.000 personas gracias a 3.289 voluntarios y destinó más de 5,2 millones de euros en ayudas, muchas de ellas vinculadas a la vivienda, pidió que las políticas públicas incorporen la voz de quienes quedan fuera del sistema. El mensaje fue claro: la exclusión social ya no puede entenderse solo como una cuestión de ingresos, sino como un fenómeno más complejo donde el acceso a la vivienda marca la frontera entre la integración y la precariedad.