El proceso judicial se centra en la convocatoria aprobada por el Ayuntamiento de Errenteria en noviembre de 2025. Esta oferta pública busca estabilizar los puestos de trabajo municipales y reducir la tasa de interinidad dentro de las iniciativas estratégicas del consistorio.
El recurso fue presentado por una persona que no se inscribió en la convocatoria y cuestiona el requisito lingüístico C1-3.HE exigido para los puestos. El consistorio defiende que dicho requisito es coherente con su Plan Estratégico de Política Lingüística y con la planificación de ofertas públicas acordada con los sindicatos.
El Ayuntamiento se encuentra a la espera de la sentencia y ha reafirmado su compromiso con la defensa de la legitimidad del proceso, subrayando su apuesta por garantizar el derecho de la ciudadanía a relacionarse con la administración en la lengua que elijan.
