La directora general de Alokabide, Patricia Val, ha respondido a la petición pública formulada por el alcalde de Donostia a través de los medios de comunicación para disponer de viviendas gestionadas por la sociedad pública del Gobierno Vasco. Val ha precisado que Alokabide no ha recibido ninguna solicitud formal ni documentada al respecto, ni conoce los criterios que el Ayuntamiento pretende aplicar para su adjudicación.
Val ha recordado que las viviendas gestionadas por Alokabide en Donostia forman parte de la infraestructura pública de vivienda de Euskadi, dirigida principalmente a las personas demandantes donostiarras inscritas en Etxebide, y no constituyen un parque residencial del que el Ayuntamiento pueda disponer al margen de los procedimientos establecidos.
En la actualidad, Alokabide gestiona 766 viviendas en Donostia, incluyendo las promociones construidas por el Gobierno Vasco y las incorporadas mediante el programa Bizigune. De ellas, 726 están alquiladas a familias donostiarras, mientras que las restantes se encuentran en proceso de puesta a punto, adjudicación o reubicación conforme a los procedimientos de Etxebide.
La directora general ha recordado que los criterios para la adjudicación directa de viviendas se establecen por igual para todos los municipios vascos, y que cualquier mecanismo paralelo de adjudicación al margen del Gobierno Vasco debería plantearse con la correspondiente modificación legal y después de sopesar las consecuencias de sustituir de manera recurrente a las personas demandantes registradas por otras, sin que los criterios se hayan explicado ni documentado.
En este sentido, Val ha considerado que «tratar de responder ante casos puntuales prometiendo recursos de otra institución sin tan siquiera haberle consultado, no es una forma responsable de gestionar un problema tan sensible como el de la emergencia habitacional que sufre Donostia».
Patricia Val ha señalado que las 766 viviendas gestionadas por Alokabide en Donostia contrastan con las 2.289 de Bilbao y las 4.195 de Vitoria-Gasteiz. Esta diferencia debería llevar al Ayuntamiento donostiarra a acelerar la tramitación urbanística y la cesión de parcelas municipales en ámbitos residenciales bloqueados que podrían desempeñar un papel esencial ante la actual crisis habitacional.
La directora general ha advertido de que una política seria de vivienda no debería haber llegado al punto de plantear que todo el parque de vivienda protegida se destine a atender situaciones de emergencia habitacional, desplazando a quienes llevan tiempo inscritos como demandantes de vivienda.
Por otro lado, Val ha recordado que el Gobierno Vasco ya está atendiendo con discreción y rigor los casos extraordinarios que llegan desde Donostia y desde el resto de municipios de Euskadi, cuando las situaciones de vulnerabilidad están debidamente acreditadas mediante los correspondientes informes municipales, actuando en consecuencia para ofrecer alternativas residenciales.
Ha subrayado que el Gobierno Vasco afronta estos casos sin hacer publicidad, sin proyectar públicamente la imagen de las personas afectadas y sin prometer viviendas a través de los medios de comunicación.
Asimismo, ha recordado la necesidad de mantener la coherencia institucional en la defensa de los derechos de inquilinos y propietarios que puedan presentar situaciones de vulnerabilidad.
Val ha insistido, finalmente, en que cualquier mecanismo alternativo de adjudicación de viviendas al margen del Gobierno Vasco debe contar con el correspondiente respaldo legal y valorar las consecuencias que tendría para las personas demandantes inscritas en Etxebide, cuyos derechos y expectativas deben ser igualmente respetados.
