Un juzgado de Eibar obliga por primera vez a la administración a indemnizar por abuso de temporalidad

La sentencia condena al Gobierno Vasco a pagar 85.000 euros a dos trabajadoras de Lanbide por encadenar contratos temporales.

Imagen genérica de un mazo en un juzgado, con documentos legales borrosos al fondo.
IA

Imagen genérica de un mazo en un juzgado, con documentos legales borrosos al fondo.

Un juzgado de Eibar ha dictado una sentencia pionera que obliga al Gobierno Vasco a indemnizar con 85.000 euros a dos trabajadoras de Lanbide que encadenaron contratos temporales durante años antes de obtener una plaza fija.

El Juzgado de lo Social nº 1 de Eibar ha emitido una resolución sin precedentes en Euskadi, condenando al Gobierno Vasco a abonar 85.000 euros a dos empleadas de Lanbide. Estas trabajadoras mantuvieron contratos temporales de forma continuada durante años, antes de conseguir una plaza fija en una Oferta Pública de Empleo de consolidación en 2022.
Este fallo judicial, divulgado por el sindicato UGT, reconoce por primera vez en el territorio vasco una indemnización por abuso de temporalidad para trabajadoras que posteriormente han accedido a una plaza fija. Hasta la fecha, la jurisprudencia previa solo contemplaba compensaciones para aquellos empleados que eran cesados sin obtener dicha plaza.
El juzgado eibarrés ha aplicado la reciente doctrina establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que considera insuficientes las compensaciones aplicadas por los tribunales españoles frente al abuso de la temporalidad. Las instancias europeas determinan que la conversión de contratos temporales en «indefinidos no fijos» no constituye una sanción proporcional, siendo necesaria además una indemnización económica.

"Estas dos demandas ganadas son solo el inicio de una ofensiva legal mayor."

un portavoz de UGT
Desde UGT han señalado que actualmente gestionan otras 40 demandas de trabajadores de Lanbide en situaciones idénticas, para las cuales se espera un fallo en el mismo sentido. En el caso ya juzgado en Eibar, el Gobierno Vasco deberá pagar 45.938 euros y 39.401 euros, más los intereses correspondientes, a las dos trabajadoras afectadas por el abuso de la temporalidad en sus contratos.

"Esta sentencia abre una vía de esperanza para cientos de afiliadas que ya cuentan con sentencias favorables de reconocimiento de fijeza y cuyos casos están pendientes en el Tribunal Superior de Justicia a la espera de la aplicación de los últimos dictámenes europeos."

fuentes del sindicato