En la mañana del 21 de mayo, la Ertzaintza procedió al desalojo del gaztetxe por orden del Juzgado de Eibar. Los miembros informaron que no recibieron ninguna notificación previa. Denunciaron que, al inicio del desalojo, se les impidió el paso a cualquiera que quisiera entrar, incluso a los vecinos. Tras hablar con el responsable del operativo, solo se permitió la entrada a tres personas, "dos chicas y un chico", para sacar material, y lo hicieron exclusivamente en castellano. Además, durante la madrugada, la policía identificó a cuatro personas y multó a una.

En la rueda de prensa del viernes 5 de junio, los miembros del gaztetxe criticaron a la Ertzaintza, al Ayuntamiento y a la empresa Amenabar. Acusaron al consistorio de no querer un "espacio social y políticamente comprometido" y de no haber lugar para la autogestión en este "corrupto modelo de pueblo". A la Ertzaintza le reprocharon el uso de la violencia, el acoso constante y el uso exclusivo del "castellano como única lengua".

Los miembros del gaztetxe llevan tiempo advirtiendo que detrás del desalojo se encuentran la constructora Amenabar y el ayuntamiento. Denuncian que Amenabar posee entre el 60% y el 70% del barrio cercano al gaztetxe y que el ayuntamiento, en estrecha relación con la empresa, está impulsando un plan de "modernización" del barrio, que según los jóvenes es un plan de especulación.

En la rueda de prensa lamentaron que los "ejecutores de la mayoría de las obras públicas y privadas en Eibar sean los mismos", y subrayaron que "una vez más" ha quedado al descubierto "quién tiene el poder en Eibar y a qué temen muchos otros".