A principios de junio, el Consejo Socialista de Durangaldea y el Sindicato Socialista de Vivienda presentaron una denuncia contra Xabier Eguia Basoa, acusándolo de amenazar a una familia con el fin de desahuciarla. Aunque la noticia se originó fuera de la comarca, la actividad del empresario tiene una presencia notable también en Aiaraldea, donde cobra hasta 550 euros por habitación.
En una investigación realizada por Aiaraldea Komunikabidea, se ha examinado uno de los contratos que el empresario utiliza en la comarca. Según varios abogados consultados, al menos una cláusula de dicho contrato es completamente ilegal, y muchas otras son cuestionables.
La oferta de Eguia consiste, en esencia, en alquilar una habitación por una tarifa de hasta 550 euros mensuales, compartiendo baño y cocina con los demás inquilinos de la vivienda. En muchos casos, más de una persona vive en cada habitación, incluyendo familias, y la mayoría son migrantes.
Los abogados han destacado que una cláusula impuesta por Eguia es claramente ilegal: tras abandonar la vivienda, el inquilino debe enviarle un certificado que acredite que ya no está empadronado allí. De lo contrario, no se le devolverá la fianza. Los juristas explican que no es legal impedir la devolución de la fianza con la excusa del empadronamiento.
Además, recuerdan que el empadronamiento no es un derecho, sino una obligación para recibir servicios públicos, y que solicitar su retirada no es competencia del empresario.
El modelo de negocio de Eguia se basa en la técnica Rent-to-rent, es decir, él no es el propietario de las viviendas, sino que las alquila a los dueños y luego las realquila a terceros. Una persona que ha alquilado una propiedad no puede iniciar el proceso de dar de baja el empadronamiento, ya que no es de su propiedad.
Según la opinión de los abogados, considerando que Eguia no es el propietario, varias cláusulas podrían ser abusivas o nulas. Por ejemplo, si no se abandona la vivienda en la fecha estipulada en el contrato, se deberá pagar el doble de la renta diaria. Asimismo, si se abandona el inmueble antes de la fecha de finalización del contrato, Eguia se quedaría con la fianza.
Eguia exige a sus clientes que le permitan el acceso a las zonas comunes y a las habitaciones vacías cuando él lo desee, y el contrato estipula que de no cumplir esta condición, serán desalojados. Además, 30 días antes de finalizar el contrato, se debe notificar si se desea continuar, de lo contrario, la fianza no será devuelta.
El propio empresario reconoce tener acceso a las viviendas "en todo momento" y que utiliza esta opción para presionar a quienes no pagan. En un vídeo publicado en redes sociales, afirma: "Tenemos acceso a la vivienda en todo momento. Por eso, es muy difícil que alguien ocupe una habitación. Si una persona no nos paga, vamos a la vivienda y llamamos a la puerta. Esa persona, aunque no quiera pagar, tendrá que salir de su habitación, porque tendrá que comer, ir al baño..."
Finalmente, el empresario impone que los clientes faciliten las visitas durante las últimas dos semanas del contrato para que otra persona pueda alquilar su habitación, y de no hacerlo, deberán pagar una renta adicional de catorce días (unos 275 euros). Además, en caso de retraso en el pago, se deberán abonar diez euros adicionales por cada día. El inquilino también podría ser desalojado por incumplir las normas de funcionamiento y convivencia del hogar.
