El equipo de gobierno, compuesto por los partidos PNV y PSE, ha defendido en un comunicado que los mecanismos de control y fiscalización del ayuntamiento funcionan con "normalidad". El consistorio busca "contextualizar" la propuesta de EH Bildu, que solicita una inspección externa de los contratos realizados en los últimos cinco años, explicando el "funcionamiento habitual" de sus mecanismos de fiscalización.

Respecto a las objeciones planteadas por el interventor sobre la actividad de 2025, el ayuntamiento ha argumentado que la principal discrepancia se refiere a la reorganización del servicio de limpieza. Este servicio se ha optado por realizar a través de INDESA, una entidad que contrata a personas con discapacidad, buscando un modelo público con un "mayor componente social". Según el ayuntamiento, "este proceso ha requerido soluciones transitorias para garantizar la continuidad del servicio mientras se completaba el cambio de modelo, y en este contexto se sitúa dicha objeción".

Además, han recordado que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha fiscalizado recientemente al ayuntamiento dentro de los "procedimientos habituales". El consistorio considera "llamativo" que se trasladen a Amurrio "debates que se están dando en otros municipios, en lugar de centrarse en la realidad específica de nuestro ayuntamiento".