Esta medida, que será común para los tres territorios de la CAV, busca dotar a los municipios de recursos económicos para afrontar la presión que la afluencia turística genera sobre servicios públicos esenciales como la limpieza o la seguridad.

El impuesto se aplicará por un máximo de cinco noches y eximirá a menores de edad, viajes subvencionados por programas sociales, personas con discapacidad y estancias por motivos de estudio o salud. La cuantía variará según la categoría del establecimiento: entre 2,5 y 5 euros para hoteles de cinco estrellas, y entre 0,75 y 1,5 euros para los de una estrella, campings y establecimientos rurales. Los cruceros, por su parte, pagarán entre 2,5 y 5 euros por atraque en el caso de los de categoría superior.

La Diputación Foral de Bizkaia estima que los ayuntamientos recaudarán entre 10 y 20 millones de euros. Cada consistorio podrá aplicar bonificaciones o recargos; aquellos con alta presión turística (más de 750 plazas) podrán incrementar el tributo en un 50%, mientras que los que tengan pocas plazas podrán aplicar una bonificación del 100%.

Según explicó la diputada de Hacienda y Finanzas, Itxaso Berrojalbiz, la modificación de la fecha de entrada en vigor responde a una cuestión jurídica y al respeto por la autonomía municipal. La propuesta inicial, que permitía a los ayuntamientos aplicarla antes, fue ajustada para que todos los municipios de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba la implementen simultáneamente. La Diputación prevé aprobar la Norma Foral en abril y que reciba luz verde definitiva en las Juntas Generales en junio.