La entrada en vigor de la Ley 1/2025 de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario ha transformado por completo el día a día del Banco de Alimentos de Bizkaia. Lo que en teoría representa un avance en la lucha contra el despilfarro, en la práctica se traduce en una exigencia logística mucho mayor para una organización que depende en gran medida del voluntariado.

La normativa obliga a las empresas a implementar planes para reducir las pérdidas, optimizar la gestión de recursos y fomentar la donación de excedentes. Aunque la ley entró en vigor en abril de 2025, se concedió un año de adaptación, plazo que concluye ahora, momento en el que las exigencias y sanciones comienzan a aplicarse plenamente. Entre otras disposiciones, supermercados y establecimientos deben priorizar la donación de alimentos aptos para el consumo, promover la venta de productos próximos a su fecha de caducidad y, en el sector de la hostelería, ofrecer envases para que los clientes puedan llevarse las sobras. El incumplimiento de estas medidas puede acarrear multas de hasta 500.000 euros en los casos más graves.

El cambio más significativo radica en el tipo de productos que reciben. A los alimentos tradicionales se suman ahora comidas ya elaboradas provenientes de supermercados. "Estamos recogiendo alimentos ya cocinados y eso es un problema, su caducidad es muy cercana", explica Luis Crovetto, presidente de la entidad. Este factor obliga a acelerar todos los procesos. La recogida debe ser casi inmediata y el reparto igual de ágil para asegurar que los productos lleguen en buen estado. "Hay que mantener la cadena de frío, lo que implica que las furgonetas vayan refrigeradas", añade.

El Banco de Alimentos opera actualmente con cuatro rutas —Margen Derecha, Margen Izquierda, Bilbao y Duranguesado— y ocho furgonetas recorren estos itinerarios de lunes a sábado. Sin embargo, el aumento del volumen ha obligado a intensificar los viajes. "La ruta es la misma, pero hay que hacer más desplazamientos", señala Crovetto. Este incremento de actividad ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de reclutar más voluntarios, especialmente conductores. "No se requiere un permiso especial, basta con el carnet de conducir habitual, pero sí compromiso", subraya. Las tareas consisten en recoger alimentos en supermercados desde primera hora de la mañana, entre las ocho y el mediodía, y trasladarlos al almacén central, desde donde se distribuyen a las entidades sociales. Actualmente, esta entidad asistencial cuenta con alrededor de 170 voluntarios, una cifra que se queda corta ante las nuevas exigencias.

Además del transporte, la ley ha requerido inversiones para adaptarse a las nuevas condiciones. "Hemos tenido que poner frío en todas las furgonetas, aumentar el personal en almacén para controlar temperaturas y comprar equipos para garantizar la cadena de frío", explica el presidente. Incluso han adquirido contenedores especiales para el traslado seguro de los alimentos hasta las organizaciones que los reparten.

A pesar de las dificultades, Crovetto insiste en que el cambio es positivo. "Estamos mejorando mucho la dieta y, sobre todo, estamos dando carne y pescado, cosa que antes no hacíamos", destaca. La llegada de platos preparados como pollo, tortillas y verduras rellenas representa un salto cualitativo, especialmente para familias que no disponen de cocina y que viven en habitaciones. "A esas personas estos alimentos les vienen de maravilla", apunta.

La ley lleva apenas una semana en su aplicación plena y el sistema se encuentra en fase de ajuste. "Nunca sabes lo que te van a dar, un día recoges mucho y otro menos. Pero el volumen de donaciones ha aumentado", reconoce. "Sin suficientes voluntarios, el modelo no se sostiene", admite. Por ello, el Banco de Alimentos mantiene abierta la llamada a la ciudadanía. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo de forma flexible, adaptando su disponibilidad, pero contribuyendo a una cadena que, ahora más que nunca, necesita manos para no romperse.