El Ayuntamiento de Irun propone mantener congelados en 2027 los impuestos, tasas y precios públicos municipales, y ampliar las bonificaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a nuevos colectivos. La propuesta de la Delegación de Hacienda contempla adaptar la ordenanza fiscal a la nueva normativa foral para que, además de las familias numerosas, puedan beneficiarse de estas ayudas las familias monoparentales, las personas que encabezan un hogar y han sufrido violencia doméstica o de género, y quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad.
La primera teniente de alcaldesa y delegada de Hacienda, Nuria Alzaga, ha explicado que la decisión de plantear la congelación responde a una gestión responsable de los recursos públicos y a la evolución de los ingresos municipales: "Gestionar con responsabilidad significa cuidar los recursos públicos, garantizar que podemos seguir atendiendo las necesidades de Irun y saber también cuándo no es necesario pedir un esfuerzo económico adicional a la ciudadanía. La recaudación está siendo superior a la prevista y contamos con la previsión de nuevos ingresos para 2027. Por eso, después de analizar la situación económica municipal, creemos que lo responsable es proponer la congelación de los impuestos y tasas".
Entre los factores que se han tenido en cuenta figuran la evolución positiva de la recaudación y los nuevos ingresos previstos para el próximo ejercicio, entre ellos los derivados del impuesto sobre estancias turísticas.
Junto a esta congelación, la Delegación de Hacienda propone avanzar en la aplicación de criterios de capacidad económica en el IBI, ampliando las bonificaciones a nuevos colectivos y adaptando los porcentajes de ayuda a los ingresos y las circunstancias familiares.
"Estamos hablando de impuestos, sí, pero sobre todo estamos hablando de las personas que viven en Irun. Cada familia tiene su propia realidad, sus ingresos, sus responsabilidades y sus circunstancias personales. Y creo que es nuestra obligación tenerlas en cuenta. Porque detrás de cada recibo hay personas, y lo que verdaderamente nos importa es su bienestar", ha señalado Alzaga.
El Ayuntamiento de Irun lleva años avanzando hacia un modelo fiscal que tenga en cuenta la capacidad económica de la ciudadanía, aplicando este criterio a determinadas tasas y precios públicos municipales. La nueva normativa foral permite dar nuevos pasos en esta dirección también en el caso del IBI, aunque todavía no es posible aplicar este criterio de forma generalizada a todas las familias. En este sentido, Alzaga ha destacado que "que seguir avanzando hasta conseguir una fiscalidad que tenga en cuenta la capacidad económica de todas las familias. Porque las cifras son importantes, pero detrás de ellas hay personas. Y nuestra prioridad tiene que ser siempre su bienestar".
La nueva Norma Foral 17/2026 permite ampliar las bonificaciones del IBI a más colectivos. Hasta ahora, la normativa contemplaba estas ayudas para las familias numerosas. Con el cambio, también podrán beneficiarse las familias monoparentales, las personas que encabezan un hogar y han sufrido violencia doméstica o de género, y las personas en situación de vulnerabilidad.
Para aplicar esta ampliación, el Ayuntamiento propone adaptar su ordenanza fiscal a la nueva regulación.
La propuesta establece diferentes porcentajes de bonificación en función de los ingresos para estos colectivos. Para determinar los tramos económicos se ha tomado como referencia el sistema de renta familiar estandarizada regulado por el Gobierno Vasco, que permite tener en cuenta las características de cada hogar.
Los umbrales previstos serán más amplios que los aplicados en el sistema de pago por capacidad económica de determinadas tasas y precios públicos municipales, teniendo en cuenta las características de los hogares a los que se dirige la medida.
Por su parte, las personas en situación de vulnerabilidad que cuenten con la correspondiente acreditación de los servicios sociales podrán beneficiarse de una bonificación de hasta el 90 % de la cuota íntegra del IBI de su vivienda habitual.
La bonificación se aplicará a la vivienda habitual cuyo valor catastral no supere los 300.000 euros. Para calcular este límite no se tendrán en cuenta el garaje, el trastero ni otros elementos anexos equivalentes.
Las personas que ya tienen reconocida una bonificación conservarán las condiciones actuales hasta que finalice el periodo para el que se les concedió. La nueva regulación se aplicará a las nuevas solicitudes y a las prórrogas.
La propuesta de modificación de la ordenanza fiscal se enmarca en el proceso de actualización de la normativa municipal para 2027.
