Este documento, que oficializa el pacto alcanzado el pasado diciembre, pone fin a seis años de conflicto y casi sesenta jornadas de huelga que han marcado la agenda social alavesa. El acuerdo, con una vigencia de cuatro años (de 2025 a 2028), introduce mejoras significativas para las 1.200 trabajadoras del sector, especialmente para las gerocultoras.

El nuevo convenio contempla una subida salarial acumulada del 32,5% para las gerocultoras, con el objetivo de que perciban 1.500 euros mensuales brutos al finalizar su vigencia. Además de las mejoras económicas, el texto introduce cambios profundos en las condiciones de trabajo, como una reducción de 100 horas en la jornada anual repartida en cuatro años, el mantenimiento de los cuatro días de libre disposición y un incremento de los descansos de fin de semana hasta un mínimo de quince anuales.

Asimismo, se establece la obligatoriedad de realizar exámenes psicosociales y se garantiza la ultraactividad del convenio, una cláusula vital para que las trabajadoras no pierdan sus derechos una vez expire el acuerdo en 2028. Hasta la firma de este lunes, las condiciones laborales de las residencias privadas de Álava se regulaban de forma genérica por el convenio estatal.

Sin embargo, el acuerdo no ha contado con el respaldo unánime de todos los sindicatos. LAB y UGT han declinado rubricar el documento. LAB ha justificado su negativa por la ausencia de cláusulas de blindaje que garanticen el mantenimiento de las condiciones pactadas previamente en acuerdos de empresa, lo que consideran un riesgo de pérdida de derechos para ciertas plantillas. Por su parte, UGT ha rechazado el texto al considerar que supone una pérdida de poder adquisitivo para una parte de las trabajadoras y ha criticado la falta de mejoras reales en el conjunto de las condiciones laborales.