El servicio ha sido adjudicado a la UTE formada por KPMG Asesores e Ingartek Consulting, con un importe de 264.990 euros y un plazo de ejecución de diez meses. Su función principal será brindar apoyo técnico al Departamento de Movilidad durante todo el proceso.
Inicialmente, el trabajo se enfocará en el tramo alavés de la AP-68. No obstante, la Diputación contempla la posibilidad de extender este sistema a otras vías de alta capacidad en el futuro, buscando una gestión más eficiente de la red viaria provincial.
“"El objetivo es diseñar un modelo adaptado a la realidad alavesa."
Se ha indicado que, una vez que la Diputación asuma la gestión de la autopista, la implementación de este sistema de pago podría implicar modificaciones en las tarifas actuales, buscando una mayor equidad y sostenibilidad en el uso de las infraestructuras.
