El rechazo este martes del Real Decreto-ley 8/2026 en el Congreso de los Diputados deja sin cobertura a miles de inquilinos en Vitoria-Gasteiz y Álava. Esta decisión bloquea nuevas prórrogas desde este mismo momento, afecta a contratos que vencen entre 2026 y 2027 y abre un escenario de incertidumbre jurídica inmediata.

La medida, aprobada en marzo como respuesta a la crisis derivada de la guerra en Irán, permitía ampliar hasta dos años los contratos de alquiler, limitaba al 2% la subida anual de la renta, había entrado ya en vigor tras su publicación en el BOE y estaba siendo utilizada por numerosos hogares.

El impacto en el territorio es relevante. En Vitoria-Gasteiz, existen cerca de 9.971 contratos de alquiler vigentes. De ese total, entre 2.900 y 3.000 contratos vencen entre 2026 y 2027, siendo estos los directamente afectados por la caída del decreto. Esto equivale a entre 6.000 y 7.500 personas en la capital alavesa.

En Álava, el patrón es similar. El territorio cuenta con unos 12.000 contratos de alquiler vigentes, de los que alrededor de 3.600 entran en el periodo afectado, es decir, los que vencen en 2026 y 2027. En términos de población, entre 7.500 y 9.000 personas se ven directamente afectadas. En el conjunto de Euskadi, la estimación alcanza los 25.695 contratos potencialmente afectados, lo que supone aproximadamente un 30% del mercado, y se traduce en entre 50.000 y 65.000 personas.

La caída del decreto tiene efectos inmediatos. No se podrán solicitar nuevas prórrogas extraordinarias, los contratos vuelven a regirse por la Ley de Arrendamientos Urbanos, desaparece el límite del 2% en la subida anual vinculado a esta norma y se recupera el marco ordinario del alquiler. El principal foco de incertidumbre está en quienes ya iniciaron el proceso, ya que las prórrogas solicitadas quedan en un limbo jurídico.

En Vitoria-Gasteiz, el contexto agrava el impacto. La ciudad está declarada zona de mercado tensionado, presenta una alta demanda frente a una oferta limitada, y arrastra dificultades de acceso a la vivienda. La desaparición de esta medida reduce el margen de los inquilinos para mantenerse en su vivienda, incrementa el riesgo de subidas de precio y añade presión a un mercado ya exigente.