El documento salió adelante con los nueve votos a favor de EH Bildu, mientras que EAJ-PNV, con seis votos, y el PSE-EE, con un voto, se posicionaron en contra. Según EH Bildu, esta votación supone un cambio respecto a 2022, año en el que todos los grupos municipales ratificaron por unanimidad el documento de “Criterios y Objetivos” que define el modelo de crecimiento para la localidad.
En diciembre de 2024 se le dio la primera aprobación, con la negativa de los jeltzales y la abstención de los socialistas. Desde entonces, se ha mantenido abierto el plazo de alegaciones. Tras la resolución de 47 alegaciones analizadas desde el punto de vista jurídico y económico, el PGOU de Zumaia inicia ahora su fase final.
“"Ha sumado seis años de trabajos técnicos y jurídicos."
Según los datos municipales, en la redacción han participado 233 personas entre vecinos, técnicos y representantes de asociaciones. Ante el rechazo de los grupos de la oposición, el responsable municipal recordó el acuerdo alcanzado hace cuatro años: “En criterios y objetivos se decidió con el consenso de todos qué, dónde y cómo se puede construir. Todos los temas se pusieron sobre la mesa y ahí se estableció el modelo. ¿Quién y en qué momento ha decidido que no vale lo acordado?”
El grupo municipal de EAJ-PNV justificó su voto negativo al solicitar un incremento en el número de viviendas. Los jeltzales proponen 1.300 viviendas y una extensión del horizonte temporal a quince años. No obstante, una concejala de Urbanismo informó durante la sesión de las limitaciones que impone la legislación actual. Según detalló, el equipo redactor Erdu establece un máximo de 1.180 viviendas para el municipio, recomendando además mantener una reserva sobre ese límite por seguridad técnica.
La concejala señaló que la propuesta de EAJ requeriría modificar las bases ya consensuadas y obligaría a “reiniciar todo el proceso administrativo desde su fase inicial. Esto supondría descartar los seis años de informes y estudios realizados hasta la fecha”. El plan aprobado provisionalmente contempla 863 viviendas totales, de las cuales 680 son de nueva creación y un 60% cuenta con régimen de protección pública.
“"¿Cómo van a defender una propuesta que no está dentro de la legalidad? ¿Cómo explicaríais a la ciudadanía el aplazamiento del plan y la reanudación del proceso?"
Por su parte, el PSE-EE vinculó su voto en contra al rechazo de su alegación sobre la parcela de Guascor, en la zona de Santiago. Una edil socialista propuso convertir dicho suelo en residencial para ampliar la oferta de vivienda. El responsable municipal explicó que la normativa técnica “desaconseja la creación de nuevos núcleos residenciales aislados que rompan la continuidad del municipio costero”. Según la respuesta técnica, el objetivo del PGOU es “priorizar la ocupación de zonas próximas al centro urbano actual para evitar la fragmentación del municipio”.
El gobierno municipal subrayó que la solidez del documento reside en el cumplimiento de los plazos y el rigor técnico, recordando que, aunque el plan se redacta con una previsión de ocho años, la legislación permite prórrogas que pueden extender su vigencia hasta las dos décadas.
