Según el grupo jeltzale, el modelo urbano propuesto no aborda adecuadamente las necesidades a medio y largo plazo del municipio y no ofrece soluciones suficientes frente a la actual crisis de vivienda. Aunque reconocen que el PGOU es la herramienta clave del Ayuntamiento para la situación residencial, critican que el documento tenga un horizonte de apenas ocho años, a diferencia de los planes anteriores que contaban con una vigencia de aproximadamente veinte años.

Por su parte, EH Bildu destacó en el pleno la solidez del documento, basada en el cumplimiento de plazos y el rigor técnico. Recordaron que, aunque el plan se redacta con una previsión de ocho años, la legislación permite prórrogas que pueden extender su vigencia hasta las dos décadas.

En cuanto a la vivienda, EAJ-PNV también cuestiona las cifras presentadas por el equipo de gobierno. El grupo señala que el plan contempla realmente 680 nuevas viviendas, y no 863, ya que las previstas en Torreaga estarán ejecutadas, adjudicadas o contarán con licencia cuando se produzca la aprobación definitiva del PGOU. Frente a esto, los jeltzales proponen impulsar alrededor de 1.300 nuevas viviendas en los próximos quince años, de las cuales 500 serían de carácter público.

Además, EAJ-PNV recuerda que el Ayuntamiento declaró Zumaia como zona de mercado residencial tensionado y advierte que la legislación vigente establece que el 20% del parque total de vivienda del municipio debe ser de protección pública en un plazo de veinte años. A juicio del grupo municipal, el PGOU aprobado provisionalmente no permitiría alcanzar ese objetivo y, por tanto, “no daría una solución real a la crisis de la vivienda”.

Las críticas del PNV se extienden a otros ámbitos del planeamiento, como la activación de suelos para actividad económica, la movilidad urbana, la planificación de equipamientos y la mejora de la calidad urbana. Respecto a la posible incorporación de ámbitos como Basusta, EH Bildu ha defendido que ello obligaría a volver al proceso de aprobación inicial y abrir una nueva consulta pública. Sin embargo, desde EAJ-PNV sostienen que, “si existiera voluntad política”, sería posible tramitar esos cambios de forma ágil, limitando las modificaciones a las áreas más relevantes, en un plazo aproximado de tres meses.