Próximamente comenzarán los trabajos de demolición y limpieza de la planta de Corrugados Azpeitia en la zona de Amue. Cristian Lay será la empresa encargada de estas labores. Según ha adelantado Nagore Alkorta, alcaldesa de Azpeitia, los primeros pasos se darán a finales de julio, con planes para otros trabajos en agosto. El vaciado interior intensivo comenzará en septiembre, y la demolición será la fase final. Un representante del Gobierno Vasco supervisará directamente las obras.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha desestimado el recurso del Ayuntamiento de Azpeitia que pretendía declarar "extinguida" la posibilidad de reanudar la actividad económica en el área de Corrugados. A pesar de que el tribunal no ha admitido la extinción de la actividad, la alcaldesa ha asegurado que esta decisión no supone un punto de retorno. La empresa ha solicitado el archivo del caso y cuenta con los permisos de demolición y desmantelamiento tanto del Gobierno Vasco como del Ayuntamiento de Azpeitia. Además, la empresa está dada de baja en el impuesto sobre la actividad económica y el Gobierno Vasco ha cortado los permisos de agua.
El Plan Especial para la zona de Amue y el Plan General de 2013 establecen que este espacio será de uso residencial, no industrial. Alfonso Gallard o cerró las plantas de fundición y laminación de Corrugados Azpeitia en 2013. En 2020, la empresa pasó a manos del grupo Cristian Lay, que expresó su intención de reactivar el horno, pero el proceso terminó en los tribunales. Tras varios fallos judiciales en los últimos años, el tribunal ha emitido ahora una decisión desfavorable al recurso del ayuntamiento.
“"La empresa Corrugados Azpeitia ha solicitado el archivo del caso y cuenta con los permisos de desmantelamiento y demolición tanto del Gobierno Vasco como del Ayuntamiento de Azpeitia."
Los trabajos de desmontaje de la planta comenzaron en 2021, pero el grupo Cristian Lay anunció que no la abriría. En los últimos años se han sucedido diversas sentencias, y ahora el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha emitido una resolución contraria al recurso del ayuntamiento.
