Estos dos municipios, junto con Bergara, se suman a las 21 localidades vascas ya declaradas "zona tensionada", lo que afecta a más del 55% de la población (1.198.000 personas). La declaración va acompañada de planes de acción trienales que combinan nuevas promociones, movilización de vivienda vacía, rehabilitación y ayudas al alquiler.
En Sopela, el precio medio de compraventa aumentó un 28,3% entre 2019 y 2024, pasando de 250.115 a 320.798 euros. En Urduliz, el alquiler medio mensual se incrementó un 19,6% entre 2018 y 2023, de 716,3 a 856,9 euros. Ambos municipios cumplen los criterios de la Ley de Vivienda para ser declarados zona tensionada.
El plan de acción de Sopela contempla el desarrollo de nuevas promociones residenciales para ampliar la oferta de vivienda asequible, destacando el ámbito de Abaro con 602 viviendas proyectadas (490 protegidas y 112 libres), aunque su desarrollo está pendiente de un recurso de casación. En el sector de Ripa, se prevé que el 75% de las futuras viviendas tengan algún régimen de protección pública.
Además, Sopela ha identificado 805 viviendas deshabitadas y planea medidas para incorporarlas al alquiler asequible, como el aumento del recargo del IBI y bonificaciones del 99% para las incorporadas a Bizigune. También se plantea la transformación de locales vacíos en viviendas y la regulación de viviendas de uso turístico, que han aumentado a 74.
Para facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes y hogares con dificultades económicas, el plan de Sopela promueve los programas Gaztelagun y Emantzipa, así como ayudas de emergencia social. Actualmente, hay 1.693 solicitudes activas de vivienda, el 58,9% de ellas para alquiler.
En Urduliz, se estima una capacidad residencial pendiente de ejecución de 1.019 viviendas, con unas 436 protegidas y tasadas. El principal desarrollo a largo plazo se sitúa en el ámbito A.41 Osteiko, con 762 viviendas previstas (al menos 572 protegidas). Se estudiará la cesión de dos parcelas dotacionales para apartamentos.
El plan de Urduliz analizará la ocupación del parque residencial para valorar medidas como el canon de vivienda deshabitada o el recargo del IBI. Se estudiará también elevar la bonificación fiscal para viviendas en programas de movilización como Bizigune (con 5 viviendas incorporadas) y ASAP (con una). Se vigilará la evolución de las 14 viviendas de uso turístico registradas.
En cuanto a las prestaciones, Urduliz difundirá los programas Gaztelagun y Emantzipa, informará sobre las ayudas vinculadas al derecho subjetivo a la vivienda y mantendrá las ayudas de emergencia social, coordinándose con el Gobierno Vasco y Etxebide.
