El Parlamento Vasco ha aprobado este jueves la reforma de la Ley de Juventud para reforzar los controles en los campamentos de verano. La iniciativa, impulsada por PNV y PSE, llega tras las 21 denuncias por presuntos delitos contra la libertad sexual de menores en los campamentos de Bernedo (Álava), donde se les obligaba a duchas mixtas nudistas, en ocasiones con los monitores. La nueva normativa se complementará con un decreto que el Gobierno Vasco aprobará este mismo mes de junio para añadir más requisitos.
La principal novedad es la sustitución de la comunicación previa por una declaración responsable, que garantiza que el organizador asume toda la responsabilidad legal sobre el cumplimiento de las normas. Además, será obligatorio aportar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual de todo el personal en contacto con menores, que deberá renovarse anualmente. También se crea la figura del delegado de protección de la infancia.
La consejera de Bienestar, Nerea Melgosa, ha recordado que el campamento de Bernedo ha sido prohibido para este verano por parte de la Diputación de Álava. Ante la posibilidad de que las 200 familias inscritas acudan el 1 de julio, fecha prevista para su inicio, ha apelado al "sentido común" para que no lo hagan.
“"El mensaje es simple y sencillo, sin garantías no hay actividad; sin seguridad no hay actividad; sin cumplimiento no hay actividad, el Gobierno vasco cumple su compromiso de actuar."
La ley revisa y clarifica las infracciones. Se consideran muy graves las conductas que promuevan la discriminación o la violencia. Entre las faltas graves, se incluye permitir la participación de menores sin autorización paterna, ocultar el ánimo de lucro o no disponer del personal titulado y el material adecuado. Las sanciones por asuntos ya recogidos en la Ley de Infancia y Adolescencia podrían alcanzar los 600.000 euros.
La oposición ha criticado duramente la reforma. Desde EH Bildu, Edurne Benito del Valle ha hablado de "chapuzas jurídicas", asegurando que "este supuesto endurecimiento no existe". La parlamentaria del PP, Laura Garrido, ha acusado al Gobierno de "lavar su imagen ante su propia inacción y dejación ante los graves acontecimientos sucedidos en el udaleku de Bernedo", que llegaron a las diputaciones años atrás. Por su parte, Jon Hernández de Sumar ha lamentado que "se pierde una oportunidad" de haber abordado el tema "con más calma, más consenso y alejados del ruido político y mediático" y la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha calificado la proposición de ley como algo "que no sirve de nada" porque "se ha quedado muy corta".
