La protesta tuvo lugar en la sede de la Diputación Foral de Bizkaia, en Getxo, en contra del túnel submarino que conectaría dicha localidad con Portugalete. Durante el acto, uno de los participantes se encadenó a la barandilla del primer piso, mientras el resto desplegaba una pancarta con el lema "Contra el Subfluvial, manifestación 18 de octubre". El personal de seguridad alertó a la Ertzaintza, cuyos agentes procedieron a cortar la cadena e identificar a las siete personas.
Según la resolución del Gobierno Vasco, lo sucedido se considera una infracción grave tipificada en el artículo 36.3 de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. La administración considera que la protesta interrumpió el desarrollo normal de la visita guiada y la actividad de la institución, por lo que se ha abierto un expediente sancionador. La resolución prevé una multa de 602 euros para cada persona, aunque el importe podría reducirse en un 50% si se paga voluntariamente.
“"No hubo "alteración grave de la seguridad ciudadana", ya que la visita guiada continuó con normalidad y la actividad del edificio no se vio interrumpida."
Por su parte, la plataforma 'Subflubiala Ez' no comparte esta interpretación. Según su versión, no se produjo "ninguna alteración grave de la seguridad ciudadana", ya que la visita guiada continuó con normalidad y la actividad del edificio no se vio interrumpida. Además, denuncian que a seis de las personas multadas se les imputa la exhibición de la pancarta, cuando, según ellos, solo tres personas la sostenían.
La plataforma ha manifestado que las multas no detendrán sus movilizaciones y que continuarán oponiéndose al túnel. Consideran que la infraestructura perjudicaría a los entornos de Artaza y Ballonti, pondría en riesgo el instituto Artatza-Romo y aumentaría el tráfico un 33%. En su lugar, han reiterado su petición de destinar la inversión de más de 500 millones de euros a reforzar el transporte público.
