Un giro inesperado ha sacudido la investigación sobre el derribo de la casona ‘Irurak Bat’ en Algorta, Getxo. Una sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) sobre un caso de naturaleza similar en Neguri, referente a la villa ‘La Aldea’, pone en entredicho cualquier avance en la causa penal abierta por un posible delito urbanístico.
El juez instructor, Marcos Amor, titular de la Sala número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Getxo, ha decidido suspender las declaraciones de varios peritos previstas para hoy, viernes 19 de junio. Esta suspensión se produce tras la aportación al sumario de la sentencia del TSJPV, que dictamina que "los bienes de custodia municipal no se convierten automáticamente en bienes culturales de protección básica", abriendo la puerta a su derribo.
La reciente jurisprudencia, con fecha de 9 de junio, podría llevar al archivo del caso del palacete ‘Irurak Bat’. El TSJPV destaca que los bienes bajo custodia municipal no adquieren automáticamente la condición de bienes culturales de protección básica y que la licencia de demolición "debe entenderse concedida por silencio administrativo". El juzgado de Getxo ha aceptado esta sentencia como prueba documental y, dada su posible relevancia para la valoración jurídico-penal de las conductas investigadas, ha acordado suspender las declaraciones.
Además, el juzgado ha suspendido la petición de las defensas de los investigados para impedir a la Ertzaintza el acceso al contenido de los dispositivos electrónicos intervenidos. Esta decisión, que no es firme y puede ser recurrida, se mantendrá hasta determinar si la investigación continúa.
La defensa de Ander Madariaga, responsable de Biurban (promotora del proyecto de lujo sobre el solar del palacete), ha subrayado que la sentencia del TSJPV "obliga a reconsiderar la investigación penal en su globalidad". Argumentan que el edificio ‘Irurak Bat’, al igual que otros en Getxo bajo custodia municipal, no está amparado por la Ley 6/2019 de Patrimonio Cultural Vasco, lo que impediría la existencia de indicios de delito contra el patrimonio histórico. La defensa insiste en que el derribo de estos edificios es plenamente autorizable según el PGOU de Getxo.
